Con el apoyo y colaboración de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), inspectores de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Chihuahua, lograron la detención y puesta a disposición de la agencia del Ministerio Público federal en Ciudad Juárez, de cinco trabajadores de una empresa autorizada como centro de acopio de baterías automotrices usadas, pero que funcionaba ilegalmente como fundidora.
El personal de la AFI hizo la detención de las cinco personas, y a bordo de vehículos de esa corporación dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), fueron llevadas a las oficinas del MP federal, donde horas después fueron puestas en libertad bajo fianza. Por su parte, las instalaciones de la empresa quedaron clausuradas total y temporalmente.
Este operativo fue realizado el pasado fin de semana por personal de la Profepa en Ciudad Juárez, Chihuahua, con una visita de inspección a la empresa Worldwide Scrap, ubicada en Av. De las Granjas No. 11342, donde fueron sorprendidos cinco trabajadores en el momento en que fundían baterías y aceites automotrices en un horno de campana.
Cabe señalar que la empresa inspeccionada está autorizada como centro de acopio de residuos peligrosos, pero no como fundidora, actividad ésta que generaba emisiones contaminantes a la atmósfera, sobre las cuales no se tenía control y que venían produciendo olores penetrantes y otros efectos sobre la salud, sobre todo por la quema del ácido sulfúrico de las baterías.
Al momento de la visita de inspección, los responsables no acreditaron la autorización ni para el reciclaje ni para el almacenamiento de residuos peligrosos. No obstante, horas después se presentó el dueño de la empresa ante el Agente del Ministerio Público federal, donde acreditó el permiso federal como centro de acopio.
De acuerdo con la legislación en vigor, el ilegal almacenamiento y posesión de residuos peligrosos, está considerado como un delito y se castiga con prisión que va de 1 a 9 años, una multa de más de 150 mil pesos y la clausura del sitio.
Contra la empresa inspeccionada se inició un procedimiento administrativo por el almacenamiento de residuos peligrosos, pues poseía 181 baterías automotrices usadas, 6 mil kilogramos de celdas de baterías, 3 mil litros de aceite usado y más de 17 mil litros de ácido sulfúrico.