Los demandantes ecuatorianos contra la compañía petrolera Chevron, en un litigio sobre responsabilidades de vertidos en la Amazonia, rechazaron hoy que la acusación de la Fiscalía General de Ecuador contra dos abogados de la petrolera fuese "políticamente motivada".
La Fiscalía ecuatoriana acusó la semana pasada a dos abogados de la empresa estadounidense, acusación que, según los demandantes, "se basa en la evidencia científica" y en que la petrolera, junto con funcionarios del Gobierno ecuatoriano, "conspiró" para "falsificar los resultados de un saneamiento del medio ambiente".
Para la petrolera, esta acusación relacionada con el proceso civil en curso "marca la reanudación de los intentos del Estado ecuatoriano de negarse a cumplir con las obligaciones contractuales que tiene con Chevron, derivadas de contratos firmados en 1995 y 1998".
Según Chevron, también se "ignoran los resultados de investigaciones realizadas por anteriores Fiscales Generales, quienes han investigado repetidamente las acusaciones de fraude, llegando a la conclusión que no tienen ninguna base".
Según Pablo Fajardo, representante del Frente de Defensa de la Amazonía y de los demandantes, distinguido recientemente con el Premio Medioambiental Goldman, "hay abundante evidencia de que se cometió un fraude y gran parte de esa evidencia proviene de Chevron".
En el juicio civil, que comenzó en 2003 y cuya conclusión se espera para los próximos meses, las responsabilidades se calculan entre los 7 mil 200 millones de dólares y los 16 mil 300 millones.
Para el vicepresidente y director general de Asuntos Legales de Chevron, Charles James, "estas acusaciones sin fundamento" indican que el gobierno de Ecuador "está tratando de intimidar a Chevron para que renuncie a sus derechos legales".
Aseguró que existe una "sistemática negación de los derechos de Chevron a un juicio justo y está claro que el procedimiento ha sido totalmente violentado", además de poner en duda "la legitimidad de su sistema judicial y su compromiso con el estado de derecho".
Entre los acusados por la Fiscalía se encuentran Ricardo Reis Veiga, según los demandantes vicepresidente de Chevron en Miami y supervisor de los asuntos legales de Chevron en Latinoamérica, y Rodrigo Perez Pallares, representante legal de Chevron en Ecuador durante más de tres décadas.
Ambos, según los demandantes, "estuvieron a cargo de supervisar el presunto saneamiento" a mediados de los años 90, objeto de la acusación, por parte de Texaco", que después fue adquirida por Chevron en 2001.
En la acusación también están involucrados siete funcionarios del gobierno ecuatoriano, quienes certificaron las medidas de saneamiento, entre los que se encuentra un ex Ministro de Energía.
En la demanda civil se acusa a Chevron de haber arrojado más de 70 mil millones de litros de desechos tóxicos en el Amazonas ecuatoriano, y abandonado cientos de fosas de desechos abiertas.
Chevron argumentó que "Texaco Petroleum recibió en 1998, de parte de la empresa estatal Petroecuador y de la República de Ecuador, un acuerdo de liberación final que eximía a Texaco Petroleum, a su personal y sus afiliados, de futuras obligaciones y reclamos".
Según la petrolera estadounidense, "el gobierno ecuatoriano y los defensores de los demandantes" tratan de "trasladar las obligaciones de remediación (del medio ambiente) de Petroecuador hacia Chevron".
Recordó que en 2004, "Chevron inició un proceso de arbitraje para que Petroecuador cumpla con sus obligaciones de indemnizar a Texaco" pero que "Petroecuador se negó" y "ahora, el gobierno pretende evitar sus obligaciones y declara que el acuerdo que eximió a Chevron de futuras responsabilidades se obtuvo por medios fraudulentos".
Web Report Ecuador, 15 de septiembre de 2008
