La cúpula empresarial de Nicaragua exigió hoy al gobierno que preside Daniel Ortega buscar una "pronta solución" al conflicto con la compañía estadounidense "Esso Standard Oil", que dura ya once días.
El vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep), José Adán Aguerri, demandó en un encuentro con el vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, y el titular del Banco Central de Nicaragua, Antenor Rosales, una "respuesta lo antes posible" a este caso.
De acuerdo con el empresario, la disputa entre Nicaragua y la Esso está afectando el clima de inversión en este país.
Los siete depósitos de almacenamiento de la trasnacional Exxon Mobile (Esso) en puerto de Corinto fueron embargados el 17 de agosto pasado, a solicitud de la Dirección General de Aduanas (DGA), por una jueza de Chinandega, en el oeste de Nicaragua, por una deuda de tres millones de dólares.
El gobierno nicaragüense había anunciado un acuerdo con Esso, que consistía en devolver los tanques a esa corporación, a través de una resolución judicial, y a cambio, esa compañía permitiría almacenar a la estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic) crudo venezolano, vía alquiler o arriendo.
La jueza local, en efecto, nombró el lunes a la compañía depositario de los bienes embargados, pero la trasnacional se negó a recibirlos por la presencia de funcionarios de Petronic en las instalaciones.
El presidente del Cosep, Erwin Kruger, pidió al gobierno de Ortega regresar las instalaciones a Esso "con pleno dominio de posesión y control absoluto".
Por su parte, el empresario Mario Amador, de la Comisión Nacional de Azúcar, advirtió que el conflicto con Esso ha afectado la imagen que "queremos proyectar de Nicaragua" y pidió al gobierno "pensar las cosas antes de actuar".
El vicepresidente Morales Carazo consideró que la situación se ha "magnificado excesivamente" y puntualizó que "nadie está haciendo cola para venir a invertir" a Nicaragua.
También, señaló que "ningún interés privado puede estar arriba de los intereses nacionales" y recordó que Nicaragua necesitaba de esas instalaciones para descargar el crudo venezolano que sería utilizado para paliar los constantes racionamientos de luz en el país.
No obstante, Morales Carazo admitió que "tampoco significa que haya una mentalidad confiscatoria (en la administración) ni que se estén usando herramientas (legales) más allá de lo debido".
"El Estado vela por la ciudadanía, las responsabilidades que tiene el gobierno son muy grandes, pero tampoco implica que vaya a violentar leyes, ni utilizar terrorismo fiscal, como se ha dicho en otras oportunidades", añadió.
WebReport Automotriz, 29 de agosto de 2007
