La embajada de España en Buenos Aires negó hoy la implicación de personal de esa representación en un escándalo desatado en Argentina por la comercialización de automóviles llegados al país con franquicias diplomáticas.
Ante las diferentes informaciones sobre la presunta implicación de personal diplomático" en este caso, "la embajada de España manifiesta que todos los expedientes tramitados en esta materia se ajustan a la legalidad vigente" y han sido autorizados "caso por caso, por la Cancillería argentina", señala un comunicado de la representación española.
La adecuación de las actuaciones ha sido reconocida por "altos cargos" de la Cancillería argentina que, agrega el comunicado, "han expresado su pesar" por la posibilidad de que informaciones sobre el caso hayan podido dañar la honorabilidad de la embajada o de alguno de sus funcionarios "cuyas gestiones han sido calificadas por las mismas autoridades como irreprochables".
La Corte Suprema de Justicia de Argentina investigará a diplomáticos extranjeros presuntamente involucrados en el escándalo por la comercialización de automóviles llegados al país con franquicias especiales.
Catorce embajadores, varios de ellos de países latinoamericanos, y decenas de funcionarios de representaciones diplomáticas están en la mira de la Justicia argentina por este escándalo, que también salpica a deportistas, empresarios y artistas en la compra de 98 automóviles importados aprovechando franquicias diplomáticas.
Medios locales y españoles han mencionado en los últimos días a dos funcionarios españoles que aparecen en las listas que maneja la justicia argentina: Javier Castro, hasta el pasado año agregado militar, y el actual canciller, Rodrigo Aguirre de Cárcer.
Fuentes de la Cancillería argentina dijeron hoy que Aguirre de Cárcer no está comprometido en estas investigaciones.
Fuentes de la embajada española indicaron que Javier Castro importó el pasado año un Austin de 1957 y pagó el 100 por ciento de los impuestos requeridos para su nacionalización, ateniéndose a la normativa argentina.
Norberto Oyarbide, uno de los jueces a cargo del caso, se declaró hoy incompetente para seguir adelante con el proceso y traspasó la causa a la Corte Suprema de Justicia.
El anuncio de Oyarbide coincide con rumores sobre el malestar surgido entre las embajadas por la difusión que ha tenido el caso.
La Cancillería argentina envió una circular a las representaciones extranjeras con el propósito de "preservar las buenas relaciones y trabajar y cooperar con la Justicia" en esta investigación.
El documento señala que "Argentina es respetuosa del régimen de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 y demás normas del derecho internacional" relacionadas con la inmunidad de los diplomáticos.
"En el respeto de la división de poderes y en la medida en que este ministerio reciba información de las autoridades judiciales correspondientes, mantendrá informadas a las representaciones diplomáticas, organismos internacionales y misiones especiales acreditadas ante Argentina sobre la evolución del proceso", añade.
En unas actuaciones paralelas a las del juez Oyarbide, el magistrado en lo penal económico Marcelo Aguinsky investiga a deportistas, empresarios y artistas sospechosos de comprar vehículos con hasta un 58 por ciento menos de impuestos mediante la utilización de franquicias diplomáticas.
Los jueces intentan determinar si los automóviles estuvieron en manos de los diplomáticos al llegar al país o fueron comercializados directamente, lo que supone grandes ganancias para los vendedores.
Las leyes argentinas establecen que los diplomáticos deben esperar nueve meses para poder vender sus automóviles importados, además de acreditar más de un año de residencia en el país.
La causa involucra a vehículos lujosos cuyo valor supera el tope de 60.000 dólares que tienen los funcionarios extranjeros para importar autos.
El caso fue iniciado por una investigación interna dispuesta por el canciller argentino, Jorge Taiana, quien descubrió irregularidades en el Departamento de Franquicias del Ministerio de Relaciones Exteriores y las denunció ante la justicia hace una semana.
Al día siguiente, la Aduana radicó otra denuncia por contrabando agravado, que tiene una pena de entre dos y ocho años de prisión.
WebReport España, 29 de enero de 2008
