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Asociaciones del sector no fueron tomadas en cuenta en el decreto de autos usados

El frente común que han creado asociaciones del sector automotriz reclamaron que no fueron tomadas en cuenta para la elaboración del decreto que el Gobierno Federal publicó el pasado 1 de febrero, con respecto a la introducción de automóviles usados de Estrados Unidos y Canadá, y demandaron que se adopten medidas normativas para no destruir a la industria nacional.

Web Report Alberto Gómez, 06 de Febrero de 2008

César Flores, presidente de la AMIA.
José Gómez Báez, presidente de la AMDA.
Ramón Suárez, presidente de la INA.
Jaime King Cancino, presidente de la CAAAREM.
Carlos Jiménez Trujillo, presidente de la ANCA.
Juan José Guerra Abud, presidente de ANPACT.

Los líderes de la Asociaciación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), de la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones Nuevos y Usados (ANCA), de la Industria Nacional de Autopartes (INA), y de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), expresaron sus puntos de vista con respecto al decreto publicado por el ejecutivo federal.

Los directivos puntualizaron que no fueron consultados ni tomados en cuenta para discutir los términos del decreto; pidieron ser tomados en cuenta y escuchados, ya que son ellos quienes representan a numerosas empresas del sector automotriz, que generan miles de empleos formales y que tienen inversiones millonarias en el país.

Todos los directivos aclararon que no están en contra del Tratado de Libre Comercio ni del ingreso de unidades usadas al país, siempre y cuando se cuente con una normativa que protega a la industria nacional y que regule la entrada de vehículos, no permitiendo el ingreso de unidades "chatarra".

"Esperábamos un mejor decreto", dijo César Flores, presidente de la AMIA, quien agregó que la publicación carece de medidas de fondo, que son la que se hubieran deseado. Advirtió que no hay fenómeno más amenzante para el país que la introducción de vehículos usados, y vaticinó: "De no hacer nada para el 2014 ó 2015 perderíamos el 40 por ciento del mercado".

César Flores destacó que lo que ellos piden es que sólo se permita importar vehículos que aún circulen en Estados Unidos y Canadá, y que los mismos sean verificados al momento de ingresar a México. Los máximos dirigentes de las asociaciones del sector reiteraron su desagrado al no ser tomados en cuenta para la elaboración del decreto.

Juan José Guerra Abud, presidente de ANPACT, destacó que ellos (los dirigentes de las asociaciones) cuentan con el apoyo de todas las empresas que representan y que el ingreso de unidades usadas es "una verdadera preocupación" para todos.

"Parece que no nos pelan", reclamó Guerra Abud, al tiempo que explicó que han tocado varias puertas pero "desagraciadamente parece que autoridad no nos toma en cuenta". El líder de la ANPACT aclaró que no están en contra del Tratado de Libre Comercio, pero de no estar preparados para el 2009 con infraestructura y normatividad, "México se verá realmente afectado".

José Gómez Báez, presidente de la AMDA, comentó que los cambios en el documento en cuestión no regularán la subvaluación con que son presentadas las unidades para su internación a nuestro país, por lo que se seguirán internando con precios ficticios y el impuesto a pagar mal calculado. El chip rastreable que pretende instalar el REPUVE a todas las unidades, sería el “eje” que pudiera controlar la internación y las condiciones en que son importados los vehículos usados de EU y Canadá a México.

“Toda la industria automotriz siente que no fue tomada en cuenta, ya que nos enteramos (de las modificaciones) hasta que se publicaron, a pesar de que hemos tratado de trabajar conjuntamente con la autoridad”, aseguró Gómez Báez.

Ramón Suárez, presidente de la INA, destacó que la preocupación no es sólo por las empresas del sector automotriz, sino por la ciudadanía en general, ya que el ingreso de usados a México conlleva problemas de seguridad, de medio ambiente y de salud, entre otros. "Nadie pide la eliminación de la introducción, se pide un esquema normativo", puntualizó.

Carlos Jiménez Trujillo, presidente de la ANCA, expresó "todo su apoyo" a este frente común de las asociaciones. Resaltó que el año pasado 90 empresas comercializadoras de vehículos seminuevos cerraron por la competencia desleal que les representan los automóviles provenientes de Estados Unidos y Canadá.

Jímenez Trujillo dio a conocer cifras que demuestran la caída en las ventas del sector formal de autos usados. En 2005 se vendieron 168 mil unidades, en 2006 la cifra se redujo a 157 mil y hasta octubre del 2007 se habían comercializado 78 mil unidades usadas, esperando cerrar el 2007 con una cifra de 100 mil vehículos.

Jaime King Cancino, presidente de la CAAAREM, recordó el proyecto de patios comunales sugerido al Gobierno Federal para convertirse en los espacios adecuados para la importación legal y supervisión físico-mecánica de las unidades a internar. “Lo que no se ve muy claro es la definición del gobierno sobre su estrategia para definir un esquema para la internación de unidades usadas”.

Según King Cancino, en 2007 fueron internados 1.1 millones de vehículos usados de EU y Canadá a México, más 250 mil que se emplacaron para circular únicamente en la frontera; mientras que la industria nacional vendió apenas un millón de unidades nuevas en el mismo periodo.

Los líderes de las asociaciones precisaron que seguirán insistiendo en ser tomados en cuenta, que buscarán dialogar con las autoridades y que buscarán defender a la industria formal, que genera empleos e inversiones en México.

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