Cuatro funcionarios de la Cancillería argentina fueron citados hoy a declarar como sospechosos por el juez que investiga el contrabando de vehículos ingresados al país con franquicias diplomáticas, informaron fuentes judiciales.
La decisión del magistrado Norberto Oyarbide involucra al director de Ceremonial de la Cancillería Marcelo Pujo y los empleados administrativos del organismo Roberto Zárate Barrios, Marisol Rodríguez y María Cristina Santander.
El juez también citó a declarar a Pablo Rodríguez, quien al parecer ofició de intermediario en las operaciones ilegales, dijeron las fuentes, que aseguraron que los cinco imputados deberán presentarse ante Oyarbide durante la última semana de este mes.
Además, el magistrado pidió al Banco Central y al Fisco informes relativos a cuentas bancarias y declaraciones patrimoniales de todos los convocados, quienes serán indagados por los delitos de "asociación ilícita e incumplimiento de deberes de funcionario público".
Jorge Matas, quien fue destituido como responsable del Departamento de Franquicias de la Cancillería cuando a fines del año pasado estalló el escándalo y había sido convocado para hoy por Oyarbide, prestará declaración el 1 de abril próximo.
El hecho fue denunciado en enero último por el Ministerio de Relaciones Exteriores tras una auditoría interna encargada por el canciller Jorge Taiana sobre una muestra de 98 automóviles introducidos entre 2004 y 2007, y en ella se detectaron numerosos trámites que no cumplían las normas.
Los vehículos eran ingresados libres de impuestos y luego comercializados en el mercado local a precios superiores a los valores de importación, pero menores a los de plaza.
El mes pasado la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, dictó un decreto por el cual en caso de que se nacionalice un automóvil importado para un diplomático dejará de tener la exención de impuestos de la que gozó al entrar en el país.
En tanto, una resolución oficial conocida hoy establece que la Cancillería realizará un censo de automóviles ingresados al país con franquicias diplomáticas.
Oyarbide investiga una denuncia presentada por la estatal Oficina Anticorrupción, que investiga si en la Cancillería se montó "una organización" dedicada al contrabando de vehículos importados que eran ingresados al país con franquicias diplomáticas.
Según informaciones de la prensa local, además de varios ricos y famosos de Argentina, están bajo la mira de la justicia al menos 14 embajadas.