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El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, entregó hoy a la Fiscalía general y al Congreso un expediente en el que acredita "la legalidad" de los contratos de una empresa de su familia con la petrolera estatal Pemex, después de que la oposición le acusara de tráfico de influencias.
Mouriño, quien asumió el cargo el pasado 16 de enero, ha sido acusado por el líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador de haber beneficiado a la empresa Ivancar, propiedad de su familia, al firmar siete contratos entre 2000 y 2004 como apoderado legal de la compañía cuando era diputado y asesor del secretario de Energía.
El secretario dijo que como quienes le acusan no han presentado una denuncia ante las autoridades, él decidió entregar a la Fiscalía general, al ministerio de la Función Pública (Contraloría) y al Congreso los documentos "que acreditan la legalidad" de sus actos y de los contratos de la empresa Transportes Especializados Ivancar.
En México la Fiscalía y la Contraloría dependen del Ejecutivo, mientras que el Congreso debate si crea una comisión para investigar a Mouriño, quien antes de ser ministro del Interior era jefe de la Oficina de la Presidencia y considerado el hombre más poderoso del gobierno del mandatario Felipe Calderón.
El expediente da una "explicación detallada y documentada" de los siete contratos que firmó entre diciembre de 2000 y enero de 2004, dijo Mouriño en una conferencia de prensa, la segunda que ofrece para aclarar esta situación, además de entrevistas a medios de comunicación.
El secretario explicó ante la prensa que los contratos entre Ivancar y Petróleos Mexicanos fueron por adjudicación directa debido a que la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga y la petrolera firmaron un acuerdo marco para la prestación de servicios. Insistió en que la empresa familiar no se vio beneficiada por ser él diputado y asesor de la Secretaría de Energía y, por lo tanto, no "hubo conflicto de intereses", ni "tráfico de influencias". Es decir, no incurrió en conductas indebidas tipificadas en el Código Penal Federal, señaló.
Finalmente dijo que está dispuesto acudir ante cualquier "instancia legal competente, a fin de que se haga cualquier aclaración que el caso amerite", y reiteró que no va a renunciar al cargo, como se había especulado en la prensa.
La polémica desatada por la izquierda con la presentación primero de tres contratos en febrero pasado y cuatro más ayer, coincide con un debate en medios de comunicación y sectores políticos sobre la necesidad de una reforma energética.
Las opiniones están divididas sobre si abrir la empresa Pemex al capital privado o reorganizar la compañía para darle autonomía de gestión.
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