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Un supuesto sabotaje perpetrado por indígenas ecuatorianos ha paralizado la extracción de crudo en el denominado "Bloque 10", en la provincia de Pastaza, en el centro de la amazonía de Ecuador, operado por la italiana AGIP Oil, informó el Ministerio de Minas y Petróleos.
Según un boletín de prensa de esa entidad, el suceso se produjo esta tarde en el campo conocido como Villano, operado por la compañía AGIP Oil Ecuador, lo que provocó que esa petrolera deje de producir los 28 mil barriles diarios de crudo.
El Ministerio señala en su comunicado que la paralización en el campo operado por AGIP se debió a "un problema suscitado en el cable de potencia" que alimenta de electricidad a la maquinaria usada para la explotación de crudo.
Según un reporte de la petrolera, la suspensión de la producción se produjo por un "sabotaje ocasionado por personas vinculadas a una comunidad indígena asentada en el área de influencia del Bloque 10, ubicado en la provincia de Pastaza".
La versión señala que los supuestos saboteadores quemaron "el cable de potencia que transporta energía eléctrica desde el Centro de Facilidades de Procesamiento hasta las instalaciones del campo Villano".
Como medida inicial de precaución, se ha reforzado la vigilancia militar en el "el Bloque 10", añade el comunicado del Ministerio, que precisa que, "en los actuales momentos, 200 miembros de las Fuerzas Armadas permanecen en el lugar, custodiando las instalaciones" petroleras.
AGIP, además, ha presentado una demanda legal contra "los supuestos autores intelectuales y encubridores" del sabotaje, medida que es "respaldada por el Ministerio de Minas y Petróleos, que también presentará una acción legal similar".
El texto del Ministerio señala que el presunto sabotaje sería una medida de presión de los habitantes indígenas de la zona que, aparentemente, exigen a AGIP compensaciones económicas que superan el millón de dólares.
El petróleo es un recurso "estratégico" del Estado ecuatoriano y es el principal rubro de exportación del país, además de su principal fuente de ingresos, pues aporta un 35 por ciento de la financiación del presupuesto fiscal.
El gobierno ecuatoriano ha ratificado que no tolerará medidas de presión que puedan afectar la explotación petrolera, pese a que ha reconocido que esa actividad, además de contaminar el ambiente, no ha representado beneficios para los pobladores que habitan en las zonas de extracción de crudo.
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