El presidente Felipe Calderón lanzó una iniciativa de reforma energética muy esperada y controvertida, con la que pretende hacer más eficiente a Petróleos Mexicanos al darle más libertad en su gestión y en las contrataciones.
Fundamental en este plan del Ejecutivo, presentado la víspera al Senado, es el margen que tendrá Pemex para hacer partícipe del sector a la iniciativa privada, que ya está presente en sus actividades pero con muchos candados.
El plan tiene como ejes ampliar la autonomía financiera de Pemex, crear una nuevo régimen de contratos y adquisiciones, y facilitar la contratación de empresas especializadas en áreas como la refinación, el transporte y el almacenamiento de hidrocarburos.
A largo plazo busca recortar la importación de derivados del petróleo y gasolina hacia México, que ascienden al 40 por ciento del total en este último producto.
"En los próximos veinte años si queremos dejar de importar gasolina vamos a tener que construir una refinería cada tres o cuatro años", dijo hoy la secretaria de Energía, Georgina Kessel.
También pretende mejorar la administración y transparencia en el gigante petrolero, fortalecer la regulación del sector y hacer participar a la gente de los beneficios de Pemex.
Los llamados "bonos ciudadanos" son una de las principales novedades: accesibles solo a mexicanos, en una primera etapa serían 50 millones de títulos de deuda por valor de 5 mil millones de pesos y tendrían un precio de 100 pesos.
El Consejo de Administración de la empresa pasaría de once a quince miembros: seis representantes del Estado elegidos por el Ejecutivo, cinco del sindicato, y cuatro nuevos consejeros especializados escogidos también por el gobierno a partir del 1 de enero de 2009.
"Lo más importante es contar con consejeros independientes que puedan ayudar" y "darle una forma distinta de trabajar a Pemex", explicó la secretaria.
Una de las claves del plan son los contratos con la iniciativa privada, que Pemex podrá celebrar a cambio de "una remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad".
Además, la empresa podrá "condicionar (los pagos a terceros) a que el proyecto genere ingresos para cubrir los costos" del contrato, y podrá "pactar incentivos tendentes a maximizar la eficacia o éxito de la obra", los cuales serán pagados únicamente en efectivo, indicó el texto.
Antes siquiera de conocerse su contenido, la reforma energética ha sido vilipendiada por el líder izquierdista y ex aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien ve tras la iniciativa una privatización encubierta.
El político, que el pasado domingo movilizó a miles de mujeres en una especie "brigadas de resistencia", congregará hoy a miles de hombres de su movimiento en el Monumento a la Revolución con el mismo propósito, en medio de amenazas de cercar el Senado, donde mañana comenzará a debatirse la reforma.
Para Kessel lo que está intentando México es fortalecer a la industria petrolera al dotarla de más flexibilidad. "Es la forma en que se han fortalecido empresas estatales tan importantes como (la noruega) Statoil o (la brasileña) Petrobras y otras", apuntó.
Según el analista petrolero Jorge Zarco, lo positivo es que se ha presentado una iniciativa que modifica cinco normas básicas, y lo negativo es que se quiera aprobar sin un debate profundo o solamente limitado a los legisladores.
"Asumir modelos como los de Petrobras y Statoil en México sería un error", porque el país "tiene sus propias circunstancias y su propia historia energética", señaló Zarco, editor de la revista El Mundo del Petróleo.
"En el mundo, nueve de cada diez barriles de petróleo están en manos de empresas estatales petroleras", añadió Zarco, quien cree que la clave es lograr la participación del sector privado sin que la renta petrolera del país sufra.
Recordó que reformas parecidas a la de Pemex, como la que se dio en Brasil en 1999, dejaron aspectos muy positivos, pero también otros "muy cuestionados" que forzaron al Estado a rectificar algunos puntos.
Web Report Gobierno Federal, 09 de abril de 2008
