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La calma regresó hoy a Guatemala tras la declaración, anoche, de un estado de prevención por parte del Gobierno para poner fin a una huelga de transportistas que provocó desabastecimiento de combustibles en las principales ciudades del país.
Funcionarios de las empresas distribuidoras de combustibles declararon a medios locales que "desde las primeras horas de la madrugada de hoy se empezó a abastecer los centros de servicios de combustibles".
Las pérdidas millonarias a la economía guatemalteca, así como el caos que ocasionó el paro por el desabastecimiento de combustibles, obligó al presidente Álvaro Colom a declarar un estado de prevención para obligar a los transportistas a deponer la medida de hecho.
El estado de prevención, contemplado en la Ley de Orden Público, faculta al Poder Ejecutivo para intervenir las empresas privadas dedicadas al servicio de transporte pesado en el país, así como la utilización de la fuerza para evitar manifestaciones o protestas públicas que tengan como objetivo interrumpir la prestación de los servicios.
Ricardo Gatica, portavoz del ministerio guatemalteco de Gobernación, dijo a periodistas que 48 chóferes que se negaron a acatar la decisión del Ejecutivo fueron capturados y remitidos a los tribunales que deberán dilucidar su situación jurídica.
Además, precisó que los cientos de furgones que los transportistas habían colocado en las principales carreteras del país para impedir el paso hacia los puertos han sido retirados "para permitir la libre circulación".
Victoriano Zacarías, líder del sindicato de transportistas, denunció que "las capturas fueron arbitrarias", ya que los chóferes "no opusieron ninguna resistencia", como argumentan las autoridades.
Los conductores del servicio de transporte pesado iniciaron la huelga el pasado lunes para presionar a la municipalidad de la Ciudad de Guatemala a dar marcha atrás a una disposición que restringe los horarios de circulación del transporte pesado en la capital para evitar la congestión del tráfico.
Según la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), la huelga provocó pérdidas económicas calculadas en más de 400 millones de quetzales (unos 55 millones de dólares), debido a que más de 250 contenedores que transportaban productos perecederos no pudieron llegar a los puertos de embarque.
Por medio de un comunicado el gobierno garantizó el abastecimiento de alimentos y combustibles a nivel nacional, y destacó su disposición de dialogar con los transportistas para buscar una solución al problema, "siempre y cuando no haya medidas de hecho ilegales".
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