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El premio Nobel de Química mexicano Mario Molina instó hoy a las autoridades de su país a que promuevan el uso de energías alternativas, como la eólica y la solar, a través de la reforma legal actualmente a debate, que está centrada en lograr el incremento de la producción petrolera nacional.
El científico se mostró partidario de una reforma energética integral y de largo plazo "para enfrentar con éxito los desafíos económicos y ambientales" que se presentan.
Molina, galardonado con el Nobel en 1995 por sus estudios sobre los daños a la capa de ozono, participó en el foro "Transición y Seguridad Energética", el quinto de los 22 que se realizan desde el 13 de mayo y hasta el 22 de julio en el Senado como parte del debate nacional sobre la reforma energética.
"La iniciativa que hoy se discute aquí está encaminada a mejorar el desempaño de Petróleos Mexicano (Pémex), lo cual sin duda es un primer paso, pero no representa una reforma energética integral a largo plazo", consideró el premio Nobel.
En su ponencia, Molina recordó que la explotación de fuentes alternativas permite obtener financiación internacional por la comercialización de bonos de carbono.
"Es muy probable que en años próximos se llegue a un acuerdo internacional que asigne un precio significativo a las emisiones de gases de invernadero y al uso de energías alternativas", advirtió.
"Y en México nos conviene anticipar estas restricciones diseñando una política energética que estimule nuestro desarrollo económico y que al mismo tiempo resulte en menores emisiones", añadió.
Entre las energías alternativas al petróleo citó los biocombustibles, aunque aclaró que siempre y cuando su producción no interfiera en la de alimentos y no contamine.
Mientras se realizaba el foro, en los alrededores del Senado decenas de integrantes del Partido Verde Ecologista (PVEM) se manifestaron para exhortar al Legislativo a que incluya las energías renovables en la reforma y también miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas protestaron contra los planes gubernamentales.
El pasado 8 de abril, el presidente de México, Felipe Calderón, envió al Senado un polémico plan de reforma energética que busca destinar mayores recursos a la empresa estatal Pemex y que la izquierda considera privatizador.
Por esta razón, legisladores izquierdistas ocuparon por la fuerza durante dieciséis días las tribunas del Senado y de la Cámara de Diputados, hasta que pactaron con el oficialismo realizar un debate con la participación de la sociedad civil.
Pemex aporta el 38 por ciento de la recaudación fiscal total del país, lo que le impide reinvertir sus utilidades para ampliar sus capacidades de exploración y extracción de hidrocarburos.
Por esta razón, el Ejecutivo mexicano había propuesto otorgar mayor libertad de gestión y para firmar acuerdos comerciales con empresas privadas.
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