"La gobernadora -de Zacatecas- Amalia García Medina instruyó a la Secretaría de Finanzas otorgar todas las facilidades necesarias para que las y los propietarios de autos regularicen su situación fiscal", informó Jorge Miranda Castro, titular de la dependencia.
Hasta seis mensualidades es lo que ha determinado la Secretaría de Finanzas otorgar a las y los contribuyentes, lo que constituye una oportunidad más para que las familias zacatecanas cumplan con sus obligaciones fiscales.
Informó el Secretario de Finanzas de las consideraciones que ha tenido la mandataria zacatecana para tal fin, segura de que sí no lo han hecho es precisamente por la situación económica que atraviesan muchas familias.
Llamó a las y los propietarios de unidades motrices acercarse a las recaudaciones de rentas para normalizar su situación y no tener que enfrentarse a las revisiones que legalmente viene haciendo personal de Contraloría, Finanzas y Tránsito, a través del Programa "Transita seguro".
Explicó Miranda Castro que, hasta el momento, más de 400 mil propietarios de unidades motrices han cumplido con sus responsabilidades, ello gracias, desde luego, a las facilidades que en esta ocasión otorgó el Decreto Gubernativo de Estímulos Fiscales, puesto en marcha a inicios del presente año por la propia titular del Poder Ejecutivo.
Indicó que el Programa "Transita seguro" (que a muchas familias zacatecanas ha causado molestias) es legal porque está sustentado en el Reglamento de Transporte Público y Vialidad y que desde hace poco más de 10 años viene operando con mucho éxito.
En este contexto, Miranda Castro precisó que sólo son cinco unidades de vialidad las que tienen encomendada esta tarea y lo hacen totalmente identificadas, supervisando toda acción el personal de la propia Contraloría y de Finanzas del estado.
Manifestó que sólo se asegura una unidad cuando ésta es sospechosa, trae consigo placas sobrepuestas o el conductor no acredite la propiedad del mismo. De ahí en adelante, no podrá será detenido un conductor, por lo que pidió, una vez más, denunciar todo abuso de autoridad a la propia Contraloría Social, dependiente de la Contraloría Interna del gobierno.
Para finalizar, fue contundente al señalar que las unidades motrices que transporten o conduzcan adultos mayores o personas con alguna discapacidad serán considerados en una primera instancia y serán invitados a regularizar su situación. De reincidir, entonces sí se aplicarían correctivos mayores.