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La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), afirmó hoy que la recaudación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) para el autotransporte de carga, es una incongruencia grave por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues no puede exigir el pago de impuestos, cuando la misma dependencia no reconoce como comprobantes fiscales los tickets que emiten las 369 casetas de cobro de peaje del país, en su mayoría operadas por la paraestatal Capufe.
La asociación señaló que las autoridades fiscales tampoco aceptan los recibos que entregan los prestadores de servicios que están bajo el Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos) y, lo más grave, es que el gobierno federal, a través de sus concesionarios carreteros, no puede asegurar el otorgamiento de facturas como lo establece la ley, porque carece de la infraestructura fiscal que permita corregir todas estas inconsistencias.
"Un golpe más al sector es que los transportistas no puedan comprobar el consumo del combustible, dado que no todas las gasolineras del país cuentan con pago electrónico. De hecho, se estima que de las 7 mil 500 gasolinerías del país, sólo 38 por ciento es operada por Qualy y tiene servicio de pago electrónico y factura", dijo Conatram.
Lo mismo ocurre con otros gastos que efectúan a diario los transportistas, como el pago de alimentos, reparaciones, talachas, guías y maniobras de carga y descarga, lo que representa entre el 12 y 15 por ciento del costo de operación.
Esto, a pesar de que la autoridad hacendaria, conforme al artículo décimo tercero transitorio de la ley del IETU, publicó el 9 de mayo del 2008, en el Diario Oficial de la Federación, la Resolución de Facilidades Administrativas (RFA), que permite a los contribuyentes del sector autotransporte tributar en el régimen simplificado de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y realizar pagos de consumo de combustibles con medios diferentes a cheque nominativo o electrónico, siempre que éstos no excedan el 30 por ciento del total de los pagos.
"Las incongruencias de la SHCP también se reflejan en la problemática para comprobar al fisco las erogaciones por concepto de cuotas de autopista, pues aunque las Secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes, así como Capufe, presumen que la cobertura de casetas de cobro con sistemas de telepeaje es de 75.2 por ciento, en la práctica esta subutilizado, ya que en el 2007 sólo el 37.7 por ciento de los camiones de carga y el 59.9 por ciento de los autobuses que transitan por la red de Capufe, utilizaron dicho sistema", continúa la Conatram.
Bajo este panorama, el 97 por ciento de los transportistas no puede pagar impuestos, por lo que alrededor de 2 mil transportistas del país ya se ampararon.
Por ello, la Conatram exige a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconsiderar su posición, para que los transportistas puedan deducir sus gastos con los tickets de peaje, recibos y comprobantes, como se hacía antes del IETU. Aquí podría concederse un periodo de gracia en lo que la autoridad realiza todas las modificaciones administrativas para que se puedan hacer las deducciones de ley para el sector.
La Conatram propuso también que la autoridad regule las tarifas del autotransporte de carga; que el gobierno federal, a través de las Secretarías de Economía y de Comunicaciones y Transportes, sancione a los transportistas que realicen "dumping"(competencia desleal) con el fin de evitar una guerra de tarifas; facilitar el financiamiento barato para modernizar la flota vehicular de carga del país, de modo que se pueda competir en las mismas condiciones que los operadores estadounidenses y canadienses; que el cabotaje de carga quede reservado al 100 por ciento para los mexicanos y que disminuya el precio del peaje en las autopistas.
Otro tema que preocupa al sector es el fracaso del Plan Piloto del Autotransporte de Carga entre México y Estados Unidos (que inició el 1 de septiembre pasado), debido a que los transportistas no han obtenido ningún ahorro ni beneficio comercial. Prueba de ello, es que el último informe de la autoridad señala que sólo se han realizado alrededor de 4 mil cruces de transportistas mexicanos y apenas 700 de estadounidenses.
El principal interés de los transportistas nacionales al solicitar la suspensión provisional o definitiva del Plan, es para proteger el empleo de miles de "transfers", que son los choferes que cruzan las exportaciones e importaciones de una aduana a otra en una franja fronteriza de 20 millas entre México y Estados Unidos
"En el 2009 el panorama para la industria será más complicado, pues de por sí Estados Unidos cada día pone más restricciones al autotransporte mexicano para ingresar a su territorio. El próximo año, con la entrada masiva de los autos chatarra, provenientes de ese país, México se convertirá en el basurero de camiones de carga y de todo tipo de vehículos", destacó la confederación.
"No queremos que a México le ocurra lo que a Perú, que al abrir su frontera, importó 30 mil camiones chatarra de Estados Unidos, lo que generó el derrumbe de la industria por la competencia desleal, tan sólo en dos años. El gobierno federal dice que existe un interés por conservar el medio ambiente, a raíz del calentamiento global. El próximo año también se espera que las unidades con tecnología Epa 4 y Euro 4, que contaminarán menos, aumenten su costo entre 7 mil y 8 mil dólares. Entonces ¿para que queremos importar chatarra?", finalizó Conatram.
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