La legisladora precisó que de acuerdo a una solicitud vía transparencia, con número de folio 3500000009717, el Tribunal informó que desde la aplicación del nuevo Reglamento de Tránsito, hasta los primeros dos meses de 2017, se han interpuesto 6,311 juicios, de los cuales 5,484 ya obtuvieron sentencia y 827 aún se encuentran en trámite.
Recordó que las fotomultas, con base al Anexo Técnico de contratación del sistema, están destinadas a detectar automóviles que llegan a invadir carriles confinados o pasos peatonales; dar vueltas prohibidas; pasarse altos o usar distractores al conducir como celulares, tareas que les correspondía a los uniformados de tránsito, los que, debido a la corrupción, permitían o exigían mordidas menores a las multas consignadas en el antiguo reglamento a los infractores.
Ángeles Valencia hizo notar que los diputados del Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), manifestaron su rechazo a las fotomultas debido a queviolentan los derechos humanos de la ciudadanía, toda vez que en dicha ordenanza se transgreden los artículos 9, 60, 61, 62 y 64 que prevén la imposición de sanciones en fotomultas.
Señaló que las fotomultas son respaldadas de manera automática por los agentes de tránsito que operan o dan indicciones a equipos de cómputo a través de una foto o video, sin que exista la oportunidad de que los supuestos infractores puedan defenderse, precisó que MORENA hizo esta observación desde antes que entrara en vigor la nueva norma vehicular.
Afirmó que este procedimiento es más impositivo que correctivo porque viola el artículo 14 Constitucional porque mediante una foto se atribuye una sanción sin que el afectado pueda argumentar al respecto en su defensa.
Precisó que el NRT es inconstitucional porque vulnera los derechos humanos y que en ese sentido se debe exigir el predominio del Estado de derecho y, argumentó que el GCDMX debe remediar el quebranto al artículo 128 de la Constitución, que puntualiza que todo funcionario público debe guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.
También, hizo notar que quien transgrede leyes o reglamentos, en este caso de Tránsito de la Ciudad de México, debe acatarlo sin importar la procedencia de la matrícula del vehículo o conductor y afirmó que quién conduce a exceso de velocidad debe ser sancionado de igual manera que los locales y en ese sentido recriminó que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP) permitan actos de discriminación para aplicar sanciones de tránsito vehicular.
Al respecto manifestó que del 15 de diciembre del 2015 al 27 de enero de este año, según los datos oficiales publicados en medios de circulación nacional, la SSP multó a 91,379 conductores mediante los radares y equipos de foto multa, más 38,000 que no forman parte en el registro de vehículos, aspecto aún más preocupante porque se desconoce su procedencia y sin embargo, al circular, potencialmente serían responsables de algún accidente y fácilmente podrían evadirse de la aplicación del reglamento de Tránsito o Código Penal, en su caso, o podría pensarse que sean vehículos robados.
Insistió en la urgencia de reformar el nuevo Reglamento de Tránsito por ser una disposición anticonstitucional y porque desde esa fecha, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo local ha recibido 6,311 inconformidades, de las cuales 5,484 recibieron sentencia y 827, aún se encuentran en trámite.
Precisó que es de suma importancia que el GCDMX consulte el tema con la ciudadanía a través de la ALDF para revisar y hacer modificaciones al documento, con el fin de evitar más violaciones constitucionales.