"Con este anuncio la administración del presidente Enrique Peña Nieto reconoce una vez más la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la Constitucionalidad de este Decreto, reforzando las estrategias para regular la internación de este tipo de unidades a nuestro país y con el mejor ánimo de disminuir el fenómeno de los vehículos denominados 'chocolate' o 'chuecos' que prevalece en México", afirmó Guillermo Rosales Zárate.
El director general Adjunto de la AMDA reconoció que con este anuncio la autoridad hace que prevalezca el proceso formal para la importación legal de vehículos usados, por lo que no existe justificación para la legalización de los vehículos que circulan ilegalmente en México, como pretenden algunos legisladores fronterizos en apoyo de organizaciones políticas que así lo exigen.
Gracias a la permanencia de este Decreto y a que el gobierno Federal y el Sistema de Administración Tributaria no han cedido a los intentos por flexibilizar esta normatividad, hasta octubre de 2016 la importación de vehículos usados es de apenas 1,862 unidades, equivalente al 10.2 por ciento del total de la venta de vehículos nuevos en el mismo lapso; esto representa una situación completamente diferente a lo que sucedió en 2011, año en que la importación de vehículos usados representó el 79 por ciento en la comparación con el total de unidades cero kilómetros comercializadas en el país.
Rosales recordó que en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció respecto a la constitucionalidad de este Decreto señalando que no viola las garantías de igualdad, de audiencia previa, de irretroactividad, a la libertad de trabajo ni al libre comercio, además de que existe jurisprudencia definida y obligatoria indicando que es acorde con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
"En jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia resolvió que es improcedente suspender la normatividad que regula la importación definitiva de vehículos usados, al considerar que de concederse se perjudicaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público", recordó el vocero de los distribuidores de automotores a nivel nacional.