Según informó hoy el diario O Globo, la cifra récord de delaciones premiadas vinculadas a un mismo caso es de vital importancia para que los investigadores accedan a los pormenores del esquema de corrupción, que se estima desvió unos 10,000 millones de reales (cerca de 3.840 millones de dólares) entre 2004 y 2012.
Además de los acuerdos de las personas físicas, seis empresas contratistas de Petrobras, vinculadas al grupo Toyo Setal, también firmaron acuerdos con la Fiscalía, mediante los cuales se comprometieron a colaborar con las investigaciones a cambio de eludir sanciones que pueden llegar a la prohibición de que firmen nuevos contratos públicos.
Los primeros acuerdos de delación premiada fueron firmados por el ex director de Abastecimiento de la petrolera Paulo Roberto Costa, y el cambista Alberto Youssef. Ambos están presos desde marzo pasado por sus nexos con una red de lavado de dinero que ayudó a "blanquear" el dinero desviado de Petrobras.
Las acusaciones realizadas por Costa y Youssef fueron fundamentales para los investigadores, debido al alto grado de implicancia de ambos en los fraudes.
"No hubiéramos llegado a los resultados alcanzados sin las colaboraciones", dijo el fiscal que comanda las investigaciones, Deltan Dallagnol.
El ex director Costa acusó a 28 políticos como beneficiarios de las maniobras de corrupción. Entre ellos figuran el actual ministro de Minas y Energía, Edinson Lobao; los presidentes de la Cámara Baja, Henrique Eduardo Alves, y del Senado, Renan Calheiros; ex ministros de los gobiernos de Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff; diputados, gobernadores y ex gobernadores.
De los 28 denunciados, 26 pertenecen a filas oficialistas: ocho pertenecen al gobernante Partido de los Trabajadores (PT), ocho a su principal aliado, el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y 10 al derechista Partido Progresista (PP), la tercera fuerza política del país.