"Hubo un pedido de 2 millones de reales para la campaña de la presidenta Dilma, sí", admitió Costa ante una comisión parlamentaria que investiga los millonarios desvíos de fondos en el ente.
Según explicó el ex director, el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) le pidió al derechista Partido Progresista (PP), integrante de la coalición de gobierno, que le cediera dos millones de reales (unos 660,000 dólares al cambio de hoy) para la campaña de la mandataria.
El dinero solicitado provenía de la parte que le correspondía al PP en el reparto de sobornos que pagaban las empresas contratistas de Petrobras a los partidos oficialistas a cambio de firmar negocios con la estatal.
Costa admitió, asimismo, que la red ilegal fue mantenida por los partidos políticos para atender sus intereses.
"Obviamente que hubo intereses partidarios para que esto prosiguiera", reconoció el ex funcionario, quien fue arrestado en marzo del año pasado, cuando la policía descubrió los desvíos de fondos.
Tras ser arrestado, Costa firmó un acuerdo de colaboración con los investigadores, mediante el cual suministra detalles de los fraudes a cambio de beneficios en una futura condena. Gracias a ese acuerdo, por ejemplo, consiguió autorización para cumplir la prisión preventiva en régimen domiciliario hasta que haya una sentencia.
El ex director ratificó el pago sistemático de sobornos a partidos aliados del gobierno por parte de las constructoras socias del ente, y también que éstas formaron un cartel para repartirse licitaciones e inflar los precios de los contratos.
Dijo que tanto él como el ex director de Servicios Renato Duque recibieron sobornos y fueron conniventes con la existencia del llamado "club" de constructoras.
"Nosotros tomamos conocimiento (de la existencia) del cartel, sabíamos que había un cartel y fuimos conniventes con el cartel", afirmó.
Costa negó las acusaciones hechas por ex directivos y altos ejecutivos de las constructoras, muchos de los cuales también están presos, según las cuales los directores de Petrobras los "acosaban" para que pagaran sobornos.
"No hubo ningún acoso de mi parte hacia esas empresas. Si hubiera algo de eso ¿por qué esos empresarios no buscaron a la policía federal (para denunciar)? Las constructoras tenían intereses en (mantener contratos con) otras partes del gobierno. Las constructoras hacían eso para atender a la clase política y a sus necesidades", indicó.
Agregó que los propios empresarios le dijeron que no hay ninguna empresa privada que done dinero a partidos políticos sin que exista algún interés por detrás de esa acción.
"¿Por qué una empresa de capital privado va a donar diez millones de reales si no va a cobrar nada después? Muchos valores (de donaciones) que figuran como oficiales no eran oficiales, eso me lo dijeron los empresarios", reafirmó el ex director, acusado de recibir dinero de las empresas para facilitarles el acceso a negocios con la estatal.
El operativo policial que derivó en la desarticulación de la red, que actuó en la estatal entre 2004 y 2012, se basó en los testimonios de Costa y del cambista Alberto Youssef, quien también está preso y firmó un acuerdo de delación premiada.
Según Costa, el origen de los desmanes es la interferencia política en la gestión de la estatal, que en 2014 registró pérdidas por 7,000 millones de dólares.
"Lo que sucedió en Petrobras no fue hecho solo por los directores. El origen está en los malos políticos que hicieron eso. Esta es una oportunidad para romper todo un sistema podrido", afirmó.
Además de acusar al comité de campaña de Rousseff de recibir dinero desviado, Costa responsabiliza a la presidenta por uno de los negocios fallidos de Petrobras, la compra de una refinería en Pasadena, Estados Unidos.
Según informó hoy el diario O Estado de Sao Paulo, la defensa de Costa presentó un escrito ante el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), en el que sostiene que la compra de la refinería fue autorizada por Rousseff en 2006 en su calidad de presidenta del Consejo de Administracion de la petrolera.
Según el TCU, el negocio le generó a la estatal pérdidas por 792 millones de dólares.