Se trata de la primera vez que Lula, cuyo retorno a la política se rumorea desde hace meses, es imputado en el marco de la Operación Lava Jato, mientras otra causa investiga si él o su familia se beneficiaron directamente de los desvíos desde la petrolera.
Presidente entre 2003 y 2010 de Brasil y fundador histórico del Partido de los Trabajadores (PT), Lula presentó la víspera una acción judicial en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, para denunciar “abusos de poder” en su causa en Brasil.
Los tribunales juzgarán ahora si Lula participó junto a otro de los imputados, el exsenador Delicio de Amaral, en un delito de obstrucción a la justicia al tratar de comprar el silencio de un exdirector de Petrobras que aceptó revelar a la policía información sobre el esquema de corrupción a cambio de una condena menor.
Amaral, detenido en noviembre pasado cuando aún era senador, está acusado de haber ofrecido –por supuesta orden de Lula- 78,000 dólares y un plan de fuga al exdirector de Petrobras, Nestor Cerveró, a cambio de no revelar información a la policía.
La eventual condena de Lula podría poner en peligro su candidatura a la Presidencia en las elecciones de 2018, ya que en Brasil los condenados están impedidos por ley de ser electos.
En otra causa, todavía bajo investigación, Lula es sospechoso de haberse beneficiado de los desvíos por medio de dos propiedades –un apartamento de tres plantas y una finca- en el estado de Sao Paulo de las que no es titular, pero que según testigos sí sería el usufructuario.
Asimismo, la policía sospecha que habría podido recibir propinas disimuladas en pagos por supuestas conferencias de Lula tras su etapa como presidente.
Su imputación supone un nuevo golpe contra el Partido de los Trabajadores (PT), en momentos en que el Senado se apresta a votar –probablemente a finales de agosto- si aparta del poder a la presidenta suspendida Dilma Rousseff, en el marco de su juicio político.