El funcionario federal indicó que nueve áreas contractuales están localizadas en la Cuenca de Burgos y las otras tres en la Cuenca del Sureste.
Precisó que 10 áreas del total ya poseen su propia infraestructura, por lo que las empresas que obtengan los contratos de licencia podrán iniciar operaciones a la brevedad y la primera producción iniciaría en 2018.
De hecho, destacó, se espera que para 2025 los bloques lleguen a su máxima aportación a la plataforma nacional de producción de hidrocarburos, con hasta 100,000 barriles diarios de petróleo crudo equivalente.
Asimismo, destacó que el tamaño de las áreas en esta ocasión oscila entre los 340 y los 480 kilómetros cuadrados, por lo que la dimensión promedio de esta licitación es 14 veces más grande a los bloques de la Ronda 1.3.
El titular de la Sener estimó que el desarrollo de dichas áreas generarán hasta cinco mil 300 empleos directos, beneficiando a los estados de Chiapas, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas.
A su vez, el subsecretario de Hidrocarburos, Aldo Flores Quiroga, dijo que las 12 áreas están comprendidas por 39 campos de extracción y un total de 5,000 kilómetros cuadrados, los cuales cuentan con recursos prospectivos por alrededor de 643 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
El presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda, explicó que las áreas rebasan en promedio los 350 kilómetros cuadrados y son proyectos primordialmente de exploración, con lo que se entra en una dinámica que será “la norma” hacia adelante.
Resaltó que la capacidad técnica que deberá comprobar el operador será haber participado entre 2012 y 2016 en al menos tres proyectos o inversiones de capital que sumen 250 millones de dólares, además de demostrar un capital contable de 500 millones de dólares.
Refirió que si el operador no cumple con este criterio financiero previsto, podrá participar en consorcio o asociación, siempre y cuando aporte al menos 300 millones de dólares.
Joaquín Coldwell expresó que debido a la composición étnica mayoritariamente indígena en dos de las áreas ubicadas en la Cuenca del Sureste, el gobierno realizará un proceso de consulta a las comunidades de forma previa a la adjudicación.
“La Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía, en coordinación con las autoridades competentes, realizará dicha consulta informando a las comunidades las características y los beneficios de los proyectos y cumpliendo con los estándares en materia de derechos humanos”, agregó.