El diputado Vidal Llerenas Morales (Morena) sostuvo que no es realista el crecimiento económico, lo cual, dijo, es importante bajar los pronósticos y ajustar la Ley de Ingresos, dado el panorama macroeconómico que se presenta.
Del Centro de Estudios de las Finanzas Pública (CEFP) de la Cámara de Diputados, José Alfredo Ramírez Fontes, director interino de Estudios Macroeconómicos y Sectoriales, detalló que los riesgos para el país siguen siendo un menor dinamismo de la economía de Estados Unidos; que la producción industrial crezca de manera más moderada como resultado de la apreciación del dólar, y que los precios de los energéticos desincentiven la inversión en el sector.
También, implica riesgos el debilitamiento de la economía mundial, es decir, una mayor desaceleración para algunos capitales emergentes, como China, Brasil y Rusia; la elevada volatilidad en los mercados financieros internacionales, así como una mayor desaceleración económica y volatilidad en los mercados accionarios en China y las tensiones geopolíticas.
A nombre del Consejo Coordinador Empresarial, el presidente de su Comisión Fiscal, Pablo Mendoza García, se pronunció por fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, promover la recaudación así como la repatriación de capitales; sin embargo, dijo, la fórmula planteada es compleja, tanto para el contribuyente y la fiscalización de la autoridades, “debe ser más fácil, definir el tema ilícito porque el simple hecho que alguien no haya presentado o acumulado su declaración anual se puede considerar ilícito”.
Por ello, propuso una tasa de retención que facilite 5 por ciento a personas morales, 3 a las físicas e inclusive si alguien no puede traer los recursos porque ya están invertidos o colocados en el extranjero, haya una regularización; aumentar en 150 mil pesos anuales el tope de la deducción de las personas físicas e incrementar el de venta a casa habitación.
Así también, acrecentar el límite para la deducción en inversiones en autos; establecer un incentivo con crédito fiscal para el pago del impuesto de las bebidas saborizadas; reducir las erogaciones preoperativas de la minería, y ajustar el IEPS al carbono.
Expresó que la deducción inmediata privilegia tener una promoción a la inversión productiva a partir del último cuatrimestre de 2015; sin embargo, consideró, conveniente para 2016 y 2017 eliminar ese sistema restrictivo. Hizo votos para que no haya un límite de éstas o superior a 100 millones de pesos; devolver la deducibilidad al cien por ciento de las prestaciones sociales, y fomentar el ahorro, ya que es negativa la tasa de interés nominal que se oferta en el sistema.
Sobre la deducción del ISR a los dividendos, dijo que se permite a partir de 2019 una reducción del 10 al 5 por ciento, pero este beneficio sólo aplica a las empresas de bolsas, es decir menos de 140. La propuesta es que sea para todos y analizar que este gravamen sea acreditable, ya que hoy este impuesto, sumado al ISR y al reparto de utilidades, resulta un costo muy representativo para el inversionista nacional y extranjero.
El presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Leobardo Brizuela Arce, resaltó que esta agrupación aglutina a 60 colegios y más de 21 mil asociados, y durante 92 años ha apoyado a la administración pública federal.
También del IMCP, su vicepresidenta, Leticia Hervert Sáenz precisó que las desventajas de la propuesta del Ejecutivo federal, es la posibilidad de que los contribuyentes no realicen los pagos por diferencias de créditos fiscales que la autoridad deja de recaudar y que a la fecha han sido detectadas por los contadores públicos y que los contribuyentes empiecen a generar planeaciones fiscales agresivas.
Por ello, propuso regresar el dictamen fiscal como una herramienta de fiscalización que rinda confianza tanto al empresario como a la autoridad y privilegie a la ciudadanía y a la economía del país, en un esquema voluntario y sin límite de ingresos, importe de activos o número de empleados, pues la parte fundamental de las empresas obtienen ingresos entre 40 y 100 millones de pesos, pero “estos se quedaron sin la opción de acceder al dictamen fiscal y, por tal motivo, la autoridad deja de recaudar”, alertó.
Del Consejo Superior del Cooperativismo, su presidente, José Guadalupe Armenta, planteó a los legisladores crear en el PEF un fideicomiso para fondos de capital para consolidar a las cooperativas como pilares de la economía. Dicho fondo constaría de tres rubros: para etapas tempranas de estas sociedades (mil 500 millones de pesos); para su crecimiento y consolidación (mil millones), y otro para el fortalecimiento en sus terceras etapas (500 millones).
Precisó que las sociedades cooperativistas –de las cuales se sustentan diez millones de mexicanos- no buscan programas asistencialistas, sino fomentar en conjunto con el gobierno un desarrollo justo y social. Asimismo, instó a establecer igualdad en el pago del IEPS para bebidas de jugo natural, ya que empresas como Pascual se encuentran en desventaja ante compañías como Jumex o Del Valle, al no estar exenta de este tributo.
En tanto, Enrique Solana, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, propuso deducir al 100 por ciento todas las prestaciones de los trabajadores en lugar del 57 por ciento; reducir el ISR a un 30 por ciento; deducir la compra de autos para las empresas, e impulsar la deducción inmediata de inversiones para compañías que tengan hasta 100 millones de pesos en ingresos y no sólo para las que generan 50 millones.
Destacó que el sector turístico sigue siendo el tercer generador de divisas en México y clave para la actividad económica que, además, provee empleos bien remunerados. “La depreciación acelerada de inversión en activos en las empresas, es factor que ha mermado el crecimiento de la economía y ha restado capacidades en el sector, donde se requieren grandes capitales para impulsar desarrollos turísticos en el país”, sostuvo.
Ricardo Cervantes, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C., indicó que la deducción de 53 a 47 por ciento de pagos de empresas por prestaciones exentas para sus trabajadores, como se estableció en la Reforma Hacendaria, no erradica prácticas de evasión de impuestos, ni soluciona las problemáticas empresariales.
En tal sentido, dijo, al ser una deducción estructural, no debe limitarse arbitrariamente, sino establecer controles para evitar supuestas prácticas de evasión y elusión. Por otra parte, señaló que dicha reforma restablece temporalmente la deducción inmediata de empresas con ingresos de hasta 50 millones de pesos, lo que “genera una inequidad de trato con los demás empresarios que en medida en que incentivan la productividad, también deberían estar contemplados”.
De la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C, Reginaldo Montaño Rodríguez, señaló que es importante crear medidas para combatir la evasión fiscal pero es necesario respetar el derecho fundamental de certeza jurídica. “Deben existir reglas claras y definidas”.
En la iniciativa de Ley Ingresos presentada por el Ejecutivo, comentó, se contemplan propuestas para evitar la elusión a través de incorporar en nuestra legislación estándares internacionales; sin embargo, hay términos imprecisos. Por ejemplo, se plantea la obligación a cargo de grupos multinacionales de entregar operaciones e información al SAT, aun cuando dicha acción no es realmente necesaria; esas estrategias frenan a los inversionistas.
De la misma asociación, Arturo Pérez Robles, se refirió al nuevo régimen transitorio de repatriación de capitales, el cual, dijo, es un esfuerzo loable, pero que requiere algunos ajustes para hacerlo más preciso en beneficio de los inversionistas que traigan recursos a México.
Subrayó que el pago de repatriación de capitales debiera mantenerse anónimo como hasta ahora, pues ello obedece a una situación práctica de seguridad. “Para quienes van a traer esos capitales, reflejar el monto de su inversión, no les parece admisible pese a que paguen el cien por ciento de sus contribuciones”.
De la Confederación de Asociaciones Agrícolas del estado de Sinaloa (Caades), el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, Guillermo Gastelum Bon Bustamante, pidió a los diputados establecer la deducción inmediata del cien por ciento de inversiones en obra social y compra de terrenos agrícolas. “Gran parte de la mano de obra en Sinaloa proviene del sur del país y los patrones deben proporcionar albergues, escuelas, consultorios médicos, pues el Estado no lo proporciona”.
Precisó que a raíz de las modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), no es posible deducir dichas gastos y eso frena a los propios inversionistas. Los financieros agrícolas pagan impuestos y cuotas del seguro social pero no se beneficia en nada a los jornaleros.
El director general de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Juan Casados Arregoitia, habló del sector minero que, sostuvo, lleva 18 meses en constante caída. “Es el rubro más golpeado por la Reforma Fiscal de 2014. La petición puntual es que les sea posible la deducción del cien por ciento mediante el límite de deducción en periodos pre operativos y que no se excluya al sector del estímulo fiscal del acreditamiento del IEPS contra el ISR.
Humberto Portilla Luja, presidente de la Comisión Fiscal de la Concamin, indicó que con la Reforma Fiscal se limitó la deducción de ingresos a los trabajadores que estaban exentos, y fue el sector industrial el más afectado.
La vicepresidenta ejecutiva y directora general de American Chamber Of Commerce Of Mexico, A.C, Ana López Mestre M. precisó que dicha asociación alberga más de 1,400 empresas de distintos sectores económicos, que representan el 70 por ciento de la inversión extranjera directa y 30 por ciento de la fuerza laboral en el país, con el objetivo de contribuir a la inversión comercial entre México y Estados Unidos.
En su turno, Agustín Allard, también de la American Chamber, sugirió, en lo referente al estímulo fiscal, efectuar una deducción de inversiones de nuevos activos fijos para aquellos contribuyentes que hayan obtenido ingresos por su actividad empresarial en el ejercicio inmediato anterior, de hasta 50 millones de pesos.
En cuanto al sector exportador propuso la aplicación de una tasa del 0 por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los alimentos no básicos y que este se aplique de manera general a la exportación; además, considerar en el paquete económico el gasto a prorrata y la revisión de los pagos exentos a los trabajadores que afecta su ingreso disponible y genera incertidumbre en lo formal.
El presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE), Carlos Noriega Curtis, resaltó que en México existen más de 50 millones de trabajadores que tienen una cuenta individual, donde 19 por ciento de las familias mexicanas cuentan dicho saldo como su principal patrimonio; mientras que el otro 50 por ciento, lo considera el segundo más importante después de el de vivienda.
El gasto en pensiones es el segundo más alto en el presupuesto federal, después de educación, el cual crece más rápido que la economía y “de no atenderse a tiempo será una fuente de inestabilidad para las próximas finanzas públicas”. En este contexto, es indispensable aumentar las cuotas que se aportan a los trabajadores, ya que actualmente ascienden a 7.2 por ciento del salario, menos de la mitad de lo que sugiere la OCDE.
Para el año 2030, continuó, México tendrá cerca del 25 por ciento de población de 65 años y más sin una fuente de ingresos, por lo que sugirió iniciar cambios que permitan alcanzar una tasa de reemplazo cercana a la recomendación de la OCDE del 70 por ciento; fomentar el ahorro voluntario e identificar medidas de mayor impacto para aumentar las pensiones de los trabajadores.
Al participar, Carlos Flores, presidente de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC) solicitó para el sector petroquímico instalado en la región, una tarifa de agua de la zona 3, equivalente a un incremento del 40 por ciento, porque el actual costo registra un alza de 314 por ciento, que los ha colocado en una dramática situación financiera y restado competitividad.
Al referirse al impacto de la reforma al artículo 231 de la Ley Federal de Derechos, vigente desde enero del 2014, que incluye la variable “RXY” identificada como una reserva ecológica, dijo, que “no debería considerarse para efectos fiscales porque no es un consumo como tal, sino una reserva del recurso. Esto es crucial para la sobrevivencia de las empresas”.
Eugenio Zermeño González, a nombre de la Organización nacional de expendedores de petróleo (ONEXPO) pidió establecer una mesa de trabajo conjunta entre la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Reguladora de Energía y Pemex para determinar claramente la metodología para calcular los precios máximos y mínimos del combustible.
Esquema –este- que deberá incluir 6 variables: margen comercial, flete, merma, transportes, ajustes de calidad y costos de manejo, porque no están determinadas en ningún lado, y sólo así se podrán unificar los criterios entre autoridades y reguladores, porque actualmente la Comisión Reguladora y la SHCP tienen fórmulas y variables diferentes, generando incertidumbre respecto a los costos, a distribuidores y consumidores finales.
El director general de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) Alejandro Cobián Bustamante, pidió destinar entre 35 y 50 por ciento de lo recaudado por el cobro del derecho de no residente (DNR), al Instituto Nacional de Migración (INM) para aumentar el personal en los filtros migratorios de aeropuertos internacionales y agilizar el paso de los visitantes, que actualmente puede ser de hasta 42 minutos, cuando la Asociación Internacional de Transporte Aéreo establece como máximo 15 minutos.
Actualmente, la Ley Federal de Derechos establece que 20 por ciento de esos recursos se destinarán al INM y 80 por ciento al Consejo de Promoción Turística de México, y esta medida permitirá, contar con mejores servicios y aumentar el flujo de visitantes al país, y lograría que el nuevo aeropuerto de la ciudad de México sea un centro de conexiones más competitivo por los cortos tiempos de espera.
Al respecto, el diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac (PRI) propuso fijar el DNR en dólares, pues la ley lo estipula en pesos, moneda que se ha depreciado y los extranjeros pagan menos que antes. “Si esta soberanía actualizara en el dictamen de Ley Federal de Derechos esos pesos al tipo de cambio estimado para el 2016, se generaría una recaudación mayor del DNR, Migración tendría más recursos, así como el Consejo de Promoción Turística”. Ésta es una propuesta sensata, responsable y prudente, que va en la dirección correcta, señaló.
El director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, Iker de Luis, hizo un llamado a los diputados para poner el “piso parejo” a este sector de transporte y establecer en el artículo 16 de la Ley de Ingresos la acreditación del IEPS para consumo de diésel de locomotoras, combustible que está gravado con el 1 por ciento, 13 centavos por litro, y no poder acreditar dicho impuesto implica gastos excesivos a las empresas del ramo.
Asimismo, recordó que el servicio ferroviario ha pasado de transportar el 18 por ciento de la carga en México a un 28 por ciento en menos de 20 años; el sector ha crecido al doble de la economía nacional en 18 años, por lo que se trata de un caso exitoso cuya proyección de desarrollo prevé también cifras positivas para el 2030.
En su turno, Brenda Meza, representante de la Asociación de Cerveceros solicitó a los legisladores establecer una cuota fija por litro de este producto, pues actualmente las medidas fiscales sólo favorecen a las grandes empresas del ramo, elevando de cuatro a seis los de producción a los pequeños productores.
Afirmó que desde hace 15 años el país ha desarrollado la producción de la cerveza artesanal y esta va en aumento; actualmente el impuesto que paga este producto depende de su costo, pero en caso de los pequeños productores es un error, ya que ellos deben elevar sus costos por proceso de elaboración con pequeñas cantidades e insumos de especialidad.
Sostuvo que la reforma permitiría dar un trato equitativo y daría recursos para que estas empresas sean competitivas a nivel mundial; se buscaría pactar un incremento anual ajustado a la inflación en los siguientes 10 años, además se lograría crecer este sector en un 100 por ciento. Es decir, se podría alcanzar el 1 por ciento del mercado nacional, y se generarían 16,000 nuevos empleos, y la recaudación federal sería de más de 25 mil millones de pesos provenientes de las cervezas.
Posteriormente, la diputada Cruz Blackledge citó a los integrantes de la Comisión mañana martes a las 11:00 horas.