El dictamen, avalado con 340 votos a favor, siete en contra y 54 abstenciones, señala que se pretende establecer tipos penales respecto de las actividades en que se han diversificado las conductas de sustracción ilícita de hidrocarburos, así como inhibir la realización de dichas actividades al calificar a estos delitos como graves.
Se establece que en la extracción ilegal de combustibles, se castigará a quien compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie, resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre u oculte, o bien altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
Dichas conductas se sancionarán de la siguiente manera: cuando la cantidad sea menor o equivalente a 300 litros, de 2 a 4 años de prisión y multa de 2,000 a 4,000 días de salario mínimo vigente; cuando sea mayor a 300 litros, pero menor o equivalente a mil litros, se impondrá de 4 a 8 años de prisión y multa de 4,000 a 8,000 días de salario mínimo vigente.
Cuando la cantidad sea mayor a mil litros, pero menor o equivalente a 2,000 litros, de 8 a 12 años de prisión y multa de 8,000 a 12,000 días de salario mínimo vigente, y cuando sea igual o mayor a 2,000 litros, se asignará de 10 a 15 años de prisión y multa de 10,000 a 15,000 días de salario mínimo vigente.
En caso de no poder cuantificarse el volumen de los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, se le impondrá de 10 a 15 años de prisión y de 10,000 a 15,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, siempre que se acredite que por las condiciones en que se encuentre contenido dicho volumen, se presuma que se trata de cantidades mayores a los 2,000 litros.
Se sancionará de uno a cinco años de prisión y de 4,000 a 7,000 días de salario mínimo, a cualquier servidor público que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, tenga conocimiento de la probable comisión de algún delito materia de esta ley.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), presidente de la Comisión de Justicia, mencionó que se realizaron modificaciones a la minuta enviada por la colegisladora, lo que contribuye y abona al espíritu de la misma.
Informó que la comisión presentó una propuesta de modificación al dictamen, las cuales fueron aceptadas por el Pleno, a los artículos del 8 al 23 de la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos; el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; 139 y 140, del Código Penal Federal; 42 y 108 del Código Fiscal de la Federación.
Su alcance, agregó, será más amplio, pues inhibirá la comercialización ilícita en estaciones de servicio y expendios clandestinos, contempla la extinción de dominio a favor del Estado, de los inmuebles utilizados para cometer los delitos y prever el incremento de las penas y de las multas.
El legislador refirió que los delitos en contra de la industria petrolera causan pérdidas económicas por más de 40,000 millones de pesos anuales, situándose así en una de las actividades ilícitas más redituables, solamente atrás del narcotráfico y tráfico de armas. Precisó que este delito no sólo causa pérdidas financieras, sino también en vidas humanas, integridad física y daños al medio ambiente.
Explicó que la nueva ley establece los delitos y sanciones en materia de hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos. Asimismo, contempla un nuevo catálogo de delitos en materia de hidrocarburos, sus derivados y demás activos y prevé en las sanciones si estas conductas son cometidas por servidores públicos o por el personal que labora o haya laborado en empresas relacionadas con la actividad.
Plasma también, añadió, nuevos tipos penales en materia de daños al medio ambiente y establece como conducta punitiva el no reportar o alterar la producción obtenida de una asignación o contrato.
Se prevé, dijo, sancionar de una asignación o contrato al que sustraiga, aproveche, altere, adultere sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios y distribuidores. También sancionar como un delito grave la compra, enajenación, recepción y adquisición, negociación, resguardo, transporte, almacenamiento, distribución, posesión, alteración, adulteración, suministro u ocultamiento de hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos.
Por ello, dijo, la nueva Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, pretende ampliar el bien jurídico tutelado y se contemplan reformas a los códigos Federal de Procedimientos Penales, al Penal Federal, al Fiscal de la Federación y al Nacional de Procedimientos Penales, así como a la leyes federales Contra la Delincuencia Organizada y a la de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer acordes a las modificaciones y a la creación de los nuevos tipos penales.
Al fijar su posicionamiento, el diputado Alfredo Ferreiro Velazco (Encuentro Social) refirió que el robo de hidrocarburos era un tema delicado para el país, ya que el monto de las extracciones de robo oscilaba arriba de los 40,000 millones de pesos. Por ello, dijo, es importante establecer leyes que sancionen estos delitos.
Estimó que con la aprobación de este dictamen se avanza; sin embargo, se debe seguir fortaleciendo el sistema de justicia. “Les vamos a dar nuevos ordenamientos, les vamos a dar instrumentos para que se pueda impartir la justicia, pero necesitamos fortalecerla”.
En su turno, el diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz (Nueva Alianza) comentó que el robo de hidrocarburos no solo significa pérdidas económicas, sino un riesgo para la seguridad de las personas y comunidades que se ven afectadas por estas prácticas.
Estimó que el Estado debe contar con todas las facultades para detener el robo de hidrocarburos y, para ello, es necesario robustecer el marco jurídico. “Ese es el objetivo de la creación de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en contra de la Industria Petrolera”.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (Movimiento Ciudadano) indicó que no es necesaria una legislación extraordinaria para perseguir este delito, “porque nuestro marco jurídico, en materia penal, ya contiene disposiciones para castigar las conductas que se buscan perseguir con esta nueva ley”.
Coincidió con la necesidad de perseguir los delitos en materia de hidrocarburos, pero aclaró que el verdadero problema es de procuración e impartición de justicia o de impunidad; por ello, que se requiere que la Procuraduría General de la República eficiente sus sistemas de investigación y persecución de los delitos.
De Morena, el diputado Cuitláhuac García Jiménez señaló que ante el problema de la toma clandestina y el robo de hidrocarburos en general “se estaban tipificando como actos terroristas, y no se hace nada contra la corrupción en los órganos de justicia y mucho menos contra los ladrones de cuello blanco”.
Reconoció que hubo la voluntad de la comisión para corregir el dictamen, por lo que agradeció la voluntad de los legisladores; sin embargo, anunció que se abstendrían de votar.
La diputada Lia Limón García (PVEM) aseguró que el dictamen contribuye a combatir y prevenir los diversos delitos que forman parte de la cadena de distribución del mercado ilícito de combustibles, además de darle armas fuertes y efectivas a las autoridades competentes para perseguir, consignar y sentenciar a quienes los cometen.
Crea, dijo, nuevos tipos penales que protegen a todos los eslabones de la cadena productiva del sector, castigando con penas más severas conductas como la sustracción, enajenación, distribución y posesión ilegítima de hidrocarburos. También castigará a quienes comercialicen combustibles sin marcadores o posean algún predio donde exista una derivación o toma clandestina, así como cualquier alteración provocada dolosamente a los ductos, equipos o instalaciones de la industria petrolera.
El diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) sostuvo que hoy se da un gran paso a la conformación de este sistema de leyes y tipos penales especiales que permitirán darle la herramienta y la pauta al Ministerio Público de la Federación al momento de consignar, pero también a los jueces penales que en su momento tienen la responsabilidad de dictar sentencias.
Celebró el trato que se le da al tema de la información que debe ser reservada como información de seguridad nacional, “porque no es factible llegar a los puntos de exageración de regular al personal de las empresas o los vehículos en los que se trasladan, que van a ser permisionarios o asignatarios de una concesión para la explotación de los hidrocarburos en nuestro país”.
Por el PAN, el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn refirió que durante 2015 el robo de gasolina aumentó 57 por ciento respecto del año anterior, lo que es alarmante para la economía de nuestro país. Ante ello, dijo, es necesario y de prioridad nacional tomar acciones inmediatas para combatir este problema que asecha a la industria petrolera.
Detalló que la nueva ley en materia de hidrocarburos, tiene el objetivo de dotar herramientas tanto a Petróleos Mexicanos como a la Procuraduría General de la República y al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a fin de erradicar el gravísimo problema de robo de petróleo y sus derivados que está afectando al país y a la economía nacional.
El diputado priista Ricardo Ramírez Nieto expresó su convición en que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos viene a llenar un grave vacío que había en la parte general del Código Penal Federal.
Con la expedición de esta nueva ley, agregó, se dota a las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia de los instrumentos legislativos necesarios, pues al contemplarse la serie de modalidades de participación en las conductas ilícitas, como delitos graves, se estará en condiciones, sin lugar a dudas, de aplicar las sanciones correspondientes restableciéndose así un verdadero Estado de derecho, del que es adolecía por falta de una adecuada legislación.
Por último, la diputada Elva Lidia Valles Olvera (PAN) afirmó que el dictamen permite una tipificación más exacta de los delitos que se cometen en contra de la industria de los hidrocarburos; establece sanciones más fuertes en contra de quienes cometen estas conductas ilícitas, y se considera responsables a todos aquellos que participen en la cadena de actos delincuenciales.