Detalla que al inicio del 2001, la nómina de Pemex sumaba 136,782 plazas, y hacia finales de 2006 el número creció a 145,427; posteriormente, al término del sexenio anterior, la cifra se incrementó hasta alcanzar 156,282 plazas, es decir, en 12 años hubo un aumento de 19,500 plazas.
Tomando en cuenta esa situación y ante la necesidad de que Pemex afronte de la mejor manera los retos que vienen por delante, la petrolera cerró el año 2015 con 142,976 empleados; la reducción del personal fue bajo esquemas jubilatorios y de áreas no sustantivas y administrativas. Tan solo en 2015, esta medida representó ahorros cercanos a los 8,000 millones de pesos (436 millones de dólares).
El dictamen precisa que las empresas petroleras a nivel global están haciendo recortes importantes en sus gastos y programas de inversión, por lo que el reto para Pemex no es menor y, en consecuencia, requiere una reingeniería profunda, para darle viabilidad financiera y que pueda salir adelante de la compleja circunstancia que enfrenta.
Dentro de las prioridades está revisar el sistema de pensiones de la empresa productiva del Estado, además de ajustar su estructura de costos, revisar su programa de gastos y fortalecer sus procesos de inversión, haciendo uso de los nuevos esquemas de asociación e inversión con el sector privado que le brinda la Reforma Energética.
Por ello, la comisión consideró importante que Pemex informe al Congreso de la Unión sobre las especificaciones del proceso de reducción de su plantilla laboral que se efectúe en este año.
De igual modo, en la reunión de trabajo, la comisión avaló otros tres dictámenes con punto de acuerdo. Uno de ellos, solicita a Pemex revisar los contratos del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios y determine si cumplen con las mejores condiciones de precio y calidad para la empresa; en caso contrario, que proceda conforme a derecho, y diseñe los formatos en los que se presenta la información, para considerar alternativas que faciliten su acceso y comprensión.
Otro, pide a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con los titulares de las secretarías de Energía y de Desarrollo Social, la revisión, y en su caso, la reclasificación de las siguientes tarifas eléctricas en municipios de Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz.
En particular, solicita que se apoye a los municipios Marín, Juárez, Los Ramones, Los Aldamas, Pesquería, Mina, El Carmen y Anáhuac del estado de Nuevo León, a fin de que pasen de 1B a 1C, o a las tarifas a que haya lugar.
Se busca asignarle la tarifa 1F, correspondiente a localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados, a los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, Ébano y Tamuín en San Luis Potosí, así como al ayuntamiento de Tierra Blanca, Veracruz.
Un dictamen más exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, informen si la Refinería “Ingeniero Antonio M. Amor”, ubicada en Salamanca, Guanajuato, cumple con las especificaciones que establecen las leyes que regulan la materia, precisando las causas y el grado de responsabilidad de los eventos que han afectado la calidad del aire desde julio de 2015.