Montebourg, interrogado sobre la situación de los dos grupos automovilísticos franceses en la Asamblea Nacional, subrayó que ante la caída "de entre el 13 y el 22 por ciento" del mercado en Europa, "hemos asistido a dos actitudes".
Refiriéndose a PSA, denunció su estrategia de "retrasar e incluso disimular los anuncios", que le llevó a una situación en que tuvo que poner en marcha en julio del pasado año su plan de reestructuración que conlleva la supresión de 8,000 empleos en Francia, en torno al 10 por ciento de su plantilla, y el cierre de la planta de Aulnay-sous-Bois, en las afueras de París.
El ministro también aludió a que el Estado tuvo que acudir en ayuda de la división financiera de PSA (la que concede créditos a compradores de sus coches) con una garantía por 7,000 millones de euros, y recordó que a cambio de eso su gobierno le impuso una serie de requisitos.
Entre esas condiciones, citó la entrada en el consejo de administración del fabricante automovilístico del expresidente de EADS Louis Gallois como representante del Estado francés, otras reglas en términos de gobernanza, o la prohibición de repartir dividendos, opciones sobre acciones u otras remuneraciones excepcionales a los directivos mientras dure la garantía.
Montebourg subrayó que "el objetivo" de los esfuerzos de su Ejecutivo para la reindustrialización del complejo de Aulnay y de la factoría de Rennes es que ninguno de los trabajadores de PSA allí acabe en las oficinas del desempleo.
Hizo hincapié en que frente a la actitud de PSA, "Renault anticipa" y está discutiendo con los representantes de los empleados sobre la forma de adaptarse a las condiciones del mercado.
Puntualizó que en esas negociaciones, el gobierno ha estipulado que no puede haber despidos ni cierres de fábricas, que los dirigentes tendrán que hacer esfuerzos en sus remuneraciones si las piden a sus empleados, y que también han "pedido a Renault que relocalice en Francia" producciones que se había llevado al extranjero.
"Es mejor anticipar que sufrir", concluyó el ministro en su intervención, en el mismo momento en que se celebraba una nueva ronda de negociaciones entre los sindicatos y los responsables de la marca del rombo para tratar de llegar a un acuerdo de mejora de la competitividad en Francia.