Dijo que aunque en la Ciudad de México el programa de alcoholímetro y las campañas publicitarias para prohibir la venta de alcohol a menores de edad han sido exitosas, se requieren de mejores políticas públicas a favor de la movilidad sustentable y la seguridad vial para poder cumplir con la meta fijada en 2010 por la ONU de reducir el número de muertes a causa de accidentes viales, cifra que actualmente se sitúa en 1.3 millones de muertes en el mundo, en donde México ocupa el séptimo lugar de decesos por esa causa.
Al participar en el Parlamento Metropolitano del Valle de México, que se desarrolla en las instalaciones de la ALDF, Cervantes Trejo refirió que a 2014 el número de Muertes en México relacionadas por causas viales era de 13 por cada 100,000 habitantes y que el índice de personas con discapacidades permanentes relacionadas era de 40,000, cifras que a nivel país representan una pérdida de 126,000 millones de pesos, equivalente al 1.7 del PIB nacional.
En la mesa de Derechos Metropolitanos, el experto dijo que lamentablemente se siguen expidiendo licencias de conducir a jóvenes que no cuentan con conocimientos básicos técnicos para manejar un auto, que al mezclarse con el uso de alcohol implica un peligro latente para los peatones, que están en riesgo de morir como causa colateral de dicha imprudencia.
Cervantes señaló que el 94 por ciento de muertes por accidentes vehiculares se presenta en zonas urbanas y suburbanas, y que en su mayoría son personas vulnerables, principalmente adultos mayores de 70 años.
Dijo que otro aspecto alarmante son las muertes por conducción de motocicletas sin medidas de protección adecuadas en conductores y pasajeros, a quienes se debe obligar a usar casco y otros implementos que aseguren su integridad; ello porque el número de pérdidas humanas va en aumento, lo que coincide con el mayor número de unidades en circulación.
Por eso el experto recomendó adoptar el plan global de seguridad de la ONU para que en el futuro cercano se llegue a la meta de cero muertes por esta causa, que incluye mejorar la infraestructura vial, los sistemas de atención a víctimas, equipar áreas de urgencias en los hospitales con instalaciones óptimas y no permitir que circulen vehículos que no cumplen los estándares de seguridad.
Por su parte, Cecilia Espinosa, del Instituto de Ecología de la UNAM, al hablar del tema de medio ambiente sano, dijo que el 70 por ciento de la población del país se concentra en zonas urbanas, que al ser altamente demandante de energía, de recursos naturales y de bienes y servicios, propicia la aparición de enfermedades de largo plazo a causa de la contaminación del aire, la carencia de agua, el mal manejo de desechos tóxicos y radiactivas y el ruido relacionado con el tránsito vehicular.
Dijo que en el particular de la Ciudad de México los grupos vulnerables como los adultos mayores y menores de edad son la mayormente expuestos, en donde factores como la pobreza provocan mayor insalubridad y mortandad. Por ello llamó a atacar las claras disparidades que existen entre los habitantes de las diferentes zonas de la capital, pues enfatizó que el 23 por ciento de las muertes a nivel mundial están relacionadas con el medio ambiente, y de este porcentaje el 10 por ciento se refiere a problemas cerebro-vasculares, cardiopatías y cáncer.
Señaló que para poder propiciar un mejor medio ambiente en la Ciudad de México es necesario cumplir con las 17 Metas del Milenio, que incluyen el desarrollo sustentable y un ambiente sano.
En tanto, Joseph Rodríguez Romero, del Laboratorio de Evaluación de la Salud en Ecosistemas Acuáticos, detalló que a pesar de que se reconoce el acceso al agua como un derecho inalienable, desafortunadamente la disponibilidad del recurso presenta disparidades entre las diferentes zonas geográficas del país.
Dijo que en particular la Ciudad de México se encuentra en riesgo no sólo por la falta de acceso por parte de un importante número de habitantes sino por la contaminación del recurso hídrico en el trayecto desde su salida de los diferentes centros de abasto como el sistema Cutzamala hasta su llegada a los domicilios de todas y todos los capitalinos.
Llamó a atacar el problema de forma metropolitana con apoyo de las entidades que conforman la Megalópolis, en donde desde la Constitución de la Ciudad de México se debe abonar a una mejor planeación urbana que frene la presión hacia las zonas de reserva natural, la mejor vigilancia en cuanto al uso efectivo del líquido con un sistema financiero equitativo en donde pague más el que consuma más agua.
A su vez, Estrellita Fuentes, consultora en medio ambiente, señalo que el 40 por ciento de agua de la Ciudad de México se pierde en fugas, por lo que antes de pensar en buscar mayores fuentes de abastecimiento se requieren medidas de concientización entre la población sobre la cultura de cuidado del recurso.
Dijo que nuestra capital se encuentra ya en emergencia ambiental por efectos de la escasez del líquido y de los factores de contaminación y el deterioro de los ecosistemas por presiones de asentamientos humanos sobre áreas de conservación natural, en donde los principales afectados son los habitantes de las comunidades indígenas de donde se extrae ese recurso. Alertó que en un futuro no muy lejano muchos de los conflictos en el valle de México por el derecho y abastecimiento de agua se acrecentarán si no se encuentran soluciones para evitarlos.
Propuso que el debate por el derecho al agua en la Constitución de la Ciudad de México sea abierto y participen dependencias en la materia, sociedad civil, catedráticos, expertos y la ciudadanía en general, toda vez que son sectores a los que influye dicho tema. Asimismo un programa de planeación urbana nacional y local de largo plazo que tenga como eje de la política de conservación ambiental garantizar el derecho humano al agua de grupos vulnerables que están en condición de pobreza y con menor acceso a los recursos naturales.
Finalmente Estrellita Fuentes propuso hacer gratuito su consumo hasta los 50 metros cúbicos diarios que recomiendan instancias internacionales y después de esa cifra aplicar tarifas de acuerdo al exceso en el consumo, donde pague más el que gaste más; invertir en mayor investigación tecnológica en soluciones para el abastecimiento del agua como las que revisan la posibilidad de desalinizar el agua de mar; un mejor esquema de transparencia y rendición de cuentas sobre los permisos para el uso de fuentes de abastecimientos y la creación de una agencia metropolitana del agua con datos estadísticos actualizados compartidos para atacar mejor la problemática.