Ante legisladores, explicó que entre febrero y junio, el 88 por ciento de las emisiones de óxidos de nitrógenos provienen del parque vehicular, mientras que los domicilios y servicios que aportan un 38 por ciento provienen de los compuestos organismos volátiles, por lo que si se deseaban reducir los picos de contaminantes, teníamos que limitar la circulación del parque vehicular.
En el 2015, explicó, existían 2 millones 89,000 hologramas uno; sin embargo, después se tuvo un brinco de 1.8 millones unidades al engomado cero, es decir, cuatro millones de vehículos circulaban todos los días.
Expresó que la comisión ha definido tres ejes estratégicos para dar certeza sobre los contaminantes y el estado de calidad de aire: proteger a la salud, reduciendo las emisiones de las fuentes que están ocasionando la exposición de contaminantes; disminuir el riesgo sanitario, e informar en tiempo y forma a través de campañas de sensibilización.
Mencionó que, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, los índices de muertes asociadas con mala calidad de aire suman 22,000 al año.
Subrayó que en la temporada 2016 se prevén exposiciones muy altas de radiación y, de no tomarse medidas emergentes, se podrían presentar entre 14 y 20 episodios por arriba de 150 puntos Imeca.
Gutiérrez Lacayo destacó que la CAMe tienen delineadas estrategias primarias como el fortalecer el sistema el monitoreo de la calidad del aire y crear una plataforma de información para que la ciudadanía sepa la condición en los índices de ozono.
Detalló que la comisión tiene un fideicomiso, con una aportación semilla de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por 41 millones de pesos y la que hace cada una de la entidades de cinco pesos por operación de verificación vehicular, lo cual asciende a 42 millones de pesos, que se utilizarán para la primera fase de financiamiento y con ello comprar equipo, estandarizar sistema y capacitar al personal.
El funcionario solicitó a los integrantes de la Comisión de Cambio Climático establecer nuevos límites de verificación, dar atribuciones a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que no sólo sancione a los verificentros, sino que garantice mejores combustibles; es decir, que estos se repartan con 15 partes por millón de azufre y no como los actuales, de 500 partes por millón.
También pidió su apoyo para actualizar cerca de 20 normas, a fin de generar instrumentos que permitan mejorar calidad de aire.
Asimismo, para realizar un programa de transporte megapolitano que tenga como objetivo sustituir el parque vehicular del servicio público, ya que se estima que microbuses, combis y camiones tienen 24 años de operación; mientras que los taxis tienen un uso de 14 años, aunque para este último sector se tiene previsto la reconversión de alrededor de 10,000 unidades a gas natural como combustible.
En la sesión de preguntas y respuestas, la diputada Cecilia Soto González (PRD) cuestionó al funcionario si cuando habla de pronósticos, se refiere a un software o a un sistema de modelaje.
La diputada Mirza Flores Gómez (Movimiento Ciudadano) preguntó a Gutiérrez Lacayo qué requiere la CAMe para ser un organismo con más facultades, respecto al tema del Hoy no circula qué criterios se utilizaron porque en materia de comercio se están perdiendo miles de pesos, pues no hubo una medida de emergencia con las previsiones apropiadas para este ramo.
Asimismo, si se va a ponderar el tema de salud se deben abordar aspectos como las foto-multas, pues al disminuir la velocidad se aumenta los contaminantes y compuestos que afectan al cuerpo humano y no se eliminan.
En la segunda ronda de intervenciones, los diputados hicieron diversos planteamientos en torno al funcionamiento, facultades y regulación de la CAMe.
La diputada María Chávez García, de Morena, cuestionó el por qué no se han incluido a todos los municipios que conforman a la Zona Metropolitana del Valle de México, ya que hay varios que emiten altos grados de contaminación y no están contemplados en ello.
Del Revolucionario Institucional, el diputado José Ignacio Pichardo Lechuga pidió conocer la viabilidad de armonizar las leyes y restricciones ambientales de la Ciudad de México, y las de los estados que la circunda.
Por su parte, el diputado Tomás Roberto Montoya Díaz (PRI), preguntó acerca de las medidas implementadas en otros municipios y zonas metropolitanas del país.
En sus respuestas, el funcionario indicó que es necesaria una estrategia nacional que obligue, por un tema de salud y prioridad nacional, a invertir recursos estatales y federal. Además, la participación coordinada con otras ciudades y dependencias para elaborar una base de datos del parque vehicular, y actualizar fuentes como tintorerías, negocios con leña como los puestos de pollos al carbón, que emiten grandes contribuciones de compuestos orgánicos volátiles.
Para el inventario de emisiones, falta una plataforma metodológica unificada y de presentación en lo cual se invertirán 6.5 millones de pesos este año; además un estudio de movilidad urbana, el cual requiere una inversión de 17 millones de pesos.
Comentó que se tienen facultades con base en el acuerdo de creación, “el problema es que nos hagan caso”, por lo que pidió a los legisladores que se otorguen a la CAMe atribuciones legales, no como acuerdo del Ejecutivo con gobernadores, para vincular y exigir a otros entes de transporte, desarrollo, comunicaciones, planeación urbana municipal y energía.
“Parece que todas las medidas caen en el ciudadano de a pie y no toman cartas en el asunto los gobiernos metropolitanos absorbiendo el costo beneficio de una medida altamente recaudatoria, se ve sólo así, no para salvar vidas
Explicó que se solicitó a los estados, hacer estudios para ver los temas de topes y sincronización de semáforos. Refirió que la instrumentación del Reglamento obliga a considerar la carga vehicular en circulación, que de un año a otro aumentó en 1.8 millones de carros.
El coordinador ejecutivo de la CAMe, estimó que para resolver el problema de la contaminación atmosférica en el Valle de México y tener éxito como en los casos de Londres y Tokio, se necesitaría un capital anual de más de 40,000 millones de pesos.
Lo anterior para crear 12 nuevas líneas del Metro y más de mil kilómetros de transporte tipo Metrobús, es decir, adoptar una política pública que privilegie más al transporte público que al privado.
La CAMe, dijo, cuenta con un fideicomiso pequeño: 98 millones de pesos, de los cuales, para este año se ejercerán 78. “Va a quedar con pocos recursos, por lo que estamos esperando la aportación de este año de las entidades -que no se ha hecho- por alrededor de 56 millones de pesos”, agregó.
En conjunto, se tendrían más de 100 millones pesos para proyectos específicos de alto impacto.
Por último, el funcionario se pronunció a favor de implementar la verificación vehicular en todas las entidades de la República además de medidas que desincentiven el uso del automóvil. Estas deben ser bien explicadas a la ciudadanía, ya que pueden ser impopulares (como el aumento de las cuotas en los estacionamientos), pero también efectivas para mejorar la calidad del aire.