Cerveró fue acusado de recibir 40 millones de dólares entre los años 2006 y 2007 en sobornos, a cambio de que intermediara a favor de que Petrobras contratara buques-sonda de perforación de pozos de petróleo en África y México.
A raíz de esta acusación, el juez federal Sérgio Moro determinó el bloqueo de 40 millones de dólares depositados en las cuentas bancarias del ex director, como forma, según el parecer judicial, de garantizar un eventual pago de indemnización.
El miércoles, el magistrado aceptó una denuncia por lavado de dinero hecha por la Fiscalía contra Cerveró, quien además responde por el delito de corrupción.
La denuncia por lavado de dinero está vinculada a la compra de un apartamento de lujo localizado en el barrio Ipanema, en Río de Janeiro.
Según la Fiscalía, Cerveró ocultó ser el verdadero propietario del inmueble, comprándolo a través de la empresa offshore Jolmey S.A., con sede en Uruguay. El titular de esa empresa es el abogado uruguayo Oscar Algorta, apuntado por la Fiscalía brasileña como "cabeza" del operativo que permitió "blanquear" el dinero desviado de Petrobras.
La maniobra consistió en que Algorta comprara el apartamento por unos 535.700 dólares y después se lo alquilara a Cerveró por un valor muy inferior al del mercado. Según el Ministerio Público, la maniobra sirvió para "simular un contrato de arrendamiento del inmueble como forma de ocultar la propiedad real del bien y evitar que Cerveró fuera investigado por enriquecimiento sin causa y corrupción".
Moro también autorizó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Jolmey Sociedad Anónima y su filial en Brasil, con el objetivo de "rastrear el flujo financiero de los valores utilizados para la adquisición del inmueble, así como para verificar la realidad del pago de alquileres por parte de Nestor Cerveró". El apartamento también fue confiscado.
Cerveró es el tercer ex director de Petrobras arrestado desde marzo de 2014, en el marco de las investigaciones. Los otros dos altos funcionarios detenidos son los ex directores de Abastecimiento Paulo Roberto Costa y de Ingeniería Ricardo Duque.
Según Costa, quien dio detalles de los fraudes a cambio de obtener beneficios en la condena, aproximadamente el tres por ciento del valor de todos los contratos firmados por Petrobras durante el período en que actuó la red -2004 a 2012- fueron desviados para pagar sobornos a funcionarios de la empresa y para financiar a aliados políticos del gobierno, entre ellos el gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
Pese a que la mayoría de las informaciones suministradas por Costa y otros detenidos siguen en secreto, la prensa asegura que entre los denunciados por el ex funcionario habría alrededor de 28 políticos, casi todos oficialistas.