Bajo esta lógica, la legisladora Wendy González Urrutia presentó a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, una iniciativa de ley para regular las grúas de la capital, con objeto de “acabar con los abusos, uso desmedido del poder, agobio, castigo económico y pérdida de tiempo que infringen los arrastres de las grúas a la ciudadanía”.
“Es necesario que las autoridades comprendan que no queremos una ciudad de multas y sanciones, sino una ciudad de cultura vial y respeto entre los ciudadanos e instituciones”, expresó Wendy González quien funge como Secretaria de la Comisión de Movilidad, Vialidad y Transporte en la Asamblea.
La diputada Wendy González sostuvo que el tema de las grúas, al estar en manos de particulares, “no está mediando el bien social o el bien común, sino por el contrario, intereses económicos ante la impotencia y enojo de los ciudadanos”.
Lo anterior, detalló, ha promovido que lejos de ser un servicio que beneficie a la movilidad, se convierta en una actividad con fines de lucro, al establecer una cantidad mínima y máxima de presupuesto por cada unidad de arrastre.
Es aquí, dijo, donde radica la perversión o distorsión del Estado con empresas concesionarias, ya que al establecer una cantidad mínima y máxima de presupuesto en los arrastres; las empresas concesionadas se ven impulsadas a maximizar sus ganancias, sin que esto implique ningún beneficio o consideración social a la ciudadanía.
“Nos encontramos ante un arreglo meramente económico, en el cual no se considera la construcción de una cultura ciudadana, ya sea a través de la educación vial, la difusión de información, una señalización adecuada y por último las sanciones económicas cuando así se requiera”.
Tal es el caso de las licitaciones públicas que han ganado empresas como Comercializadora Versirg S.A. de C.V., a la cual según la misma licitación, se le fijó un presupuesto, con base al número de arrastres que ésta realice, durante la vigencia del contrato.
Otro caso es el que ocurre con la empresa Autotraffic S.A de C.V. quien cobra en la Ciudad de México hasta cinco veces más de lo que recibe en otros estados en los que opera, como Puebla y Jalisco, donde se tiene establecida una cuota fija por cada infracción generada.
Esta iniciativa presentada por Wendy González establece la adición de un párrafo a la fracción I del artículo 63 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.