En conferencia de prensa, acompañado por los diputados Felipe de la Cruz y Raymundo Martínez demandó la eliminación de las fotomultas y tomar en cuenta las más de 65,000 firmas que Morena acopió contra el Reglamento de Tránsito, en particular contra esta modalidad de multa, pero que fueron ignoradas tanto por el gobierno capitalino y el Poder Judicial.
Señaló que esta es una oportunidad para que el Jefe de Gobierno dé marcha atrás en un tema que afecta a los ciudadanos e imite a su homólogo del Estado de México, que a pesar que no se ha caracterizado por ser un buen gobernante, demuestra más sensibilidad y retira esta medida con el argumento de atender las quejas ciudadanos.
No es posible que un gobierno que se dice de se dice de izquierda tenga “oídos sordos a la opinión de la gente”.
Insistió en pedir al jefe de gobierno que suspenda indefinidamente la aplicación de las fotomultas, porque además de ser ilegales y concesionan a un particular una responsabilidad que le corresponde al gobierno, ha sido muy opaco en la forma en que se levantan, lo que ha generado miles de quejas en la Ciudad de México.
Los capitalinos exigen que se consulte y revoque el reglamento de tránsito y muestra de ello son también los más de 20,000 amparos que se han presentado pero están “guardados en algún cajón”, señaló.
Asimismo denunció la opacidad que mantiene el gobierno capitalino sobre las cifras de lo recaudado y las fotomultas que se han aplicado desde que se iniciaron. Precisó que ante la falta de respuesta por parte del Secretario de Seguridad Pública fue necesario solicitar mediante un punto de acuerdo un informe detallado.
Al acusar que el reglamento de tránsito sólo tiene el objetivo de abonar a las fotomultas, que es un negocio de particulares, llamó al Jefe de Gobierno a reflexionar y eliminar esta medida que “no ayuda a su popularidad pero sí al descrédito de un gobierno que se dice de izquierda pero actúa como de derecha”.
De la Cruz Ménez criticó que el mecanismo establecido obligue al automovilista pagar la fotomulta para poder verificar, incluso si existe una queja en contra. Son acciones coercitivas que atentan contra la economía de los ciudadanos.