El legislador de Morena advirtió que solicitarán al jefe de gobierno que someta esta obra a consulta vecinal, porque sólo beneficia a intereses particulares, por encima del bien común. Por ello, pidió sensibilidad para escuchar los argumentos de los vecinos y evitar que el gobierno federal perpetre un negocio más al amparo de la impunidad.
Aseguró que la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno local ya excedió el plazo establecido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para presentar esta opinión, toda vez que las jefaturas delegacionales en Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero ya hicieron pública su negativa a esta megaobra.
Adelantó que iniciarán una ruta legal para defender los derechos de los vecinos que resultarán afectados por esta obra, en particular los de Gustavo A. Madero, en caso de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes insista en continuar con el proyecto, a pesar de las opiniones técnicas emitidas en contra e ignorando la oposición de la ciudadanía.
Explicó que además de insistir en que esta obra se someta a consulta vecinal, iniciarán un juicio para que se retire la concesión y presentarán amparos individuales y colectivos.
Demandó seriedad a las autoridades de la Secretaría de Gobierno que convocan a reuniones pero no asisten, como la prevista para el lunes pasado a la que sólo llegaron los concesionarios de la obra, los representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la diputada María Eugenia Lozano y el legislador, pero brillaron por su ausencia los representantes de la dependencia mencionada y las secretarías de Movilidad y la de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Lo anterior, a pesar de que Patricia Mercado asumió que la obra es inviable y depredadora y beneficia al Estado de México, no a los capitalinos, por lo que convocó al gobierno local a asumir con responsabilidad la atención de este problema que afecta a tres delegaciones políticas.
Por su parte, la diputada Ana Juana Ángeles Valencia aseguró que la Secretaría de Medio Ambiente local no ha emitido su opinión técnica respecto de las afectaciones al Área Natural Protegida (ANP) del Parque Nacional Tepeyac.
Resaltó que ni los gobiernos federal, de la Ciudad de México ni el de la delegación Gustavo A. Madero certifican que con este tipo de obras el patrimonio de los vecinos de la zona no resultarán afectados, a pesar de que la Concesionaria Viaducto La Raza, SA de CV utilizará toneladas de concreto en una zona con grietas y altamente sísmica.
Agregó que si la Sedema continúa siendo permisiva con las desarrolladoras y constructoras para que sigan talando árboles en varias delegaciones, no tiene sentido que siga al frente de esa instancia la secretaria Tanya Múller, que se supone custodia al medio ambiente de la capital del país.
Las diputadas Olivia Garibay y María Eugenia Lozano abundaron en que esta obra no beneficia al grueso de la población porque pretenden cobrar 50 pesos por circular por ella y es insegura para los peatones.