El incremento tarifario acumulado, tomando como base la tarifa aplicable en 2012, es de 144 por ciento “real”, es decir, adicional a la inflación.
Aunque el Acuerdo 01/2011 se firma en mayo de 2011, el primer incremento de tarifas debía llevarse a cabo en enero de 2013, un mes después de la toma de posesión del hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
El Acuerdo 01/2011 incluye una muy peculiar cláusula de “opacidad”, que obligaba a las partes a no revelar su contenido a terceros, aunque se permitió a OHL mostrarlo a los bancos e instituciones financieras que podrían otorgarle créditos adicionales con base en los incrementos extraordinarios de tarifa autorizados ilegalmente.
Resulta difícil pensar que el Acuerdo 01/2011 se hubiera firmado en ese momento y en esos términos, sin el conocimiento y el consentimiento del hoy gobernador Eruviel Ávila y su coordinador de campaña, Luis Videgaray Caso, que unos meses más tarde se convertiría en el coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
El Acuerdo 01/2011 se celebra como consecuencia de una supuesta sobreinversión de OHL en la primera etapa del proyecto, por aproximadamente $2,766 millones de pesos, respecto de la cual PwC no encontró evidencia de que hubiera sido previamente autorizada por el Saascaem, como lo exige el Título de Concesión:
…las sobreinversiones y obras adicionales realizadas sin previa autorización de “EL SAASCAEM”, no serán motivo de ampliación de la vigencia de la concesión”.
El único mecanismo de compensación al concesionario previsto en el Título de Concesión consiste en el aumento de plazo de vigencia de la concesión (que tampoco procede en este caso), y no en el incremento de tarifas.
Por otra parte, el Título de Concesión no permite el incremento extraordinario de tarifas, sino única y exclusivamente el incremento (anual o anticipado) en función de la inflación.
De modo que, por donde se le vea, el Acuerdo 01/2011 y el incremento de tarifas autorizado por virtud del mismo, son nulos.
Declarada la nulidad, la tarifa en el Viaducto Bicentenario deberá ser disminuida a su nivel anterior al 2013 y la inversión de OHL en el proyecto deberá ser disminuida en por lo menos $2,766 millones de pesos. Además, OHL deberá devolver las cantidades indebidamente cobradas a los usuarios a partir de enero de 2013.
En cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, Infraiber presentó una demanda de nulidad del Acuerdo 01/2011 y de los incrementos extraordinarios de tarifa autorizados por virtud del mismo, que ha sido admitida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México.
Aunque el monto del desfalco en el Viaducto Bicentenario todavía es inferior al del Circuito Exterior Mexiquense, la gravedad de la corrupción es comparable y debe ser combatida con firmeza y valentía, en estricto apego a Derecho.
PwC señaló en su Reporte que no existe evidencia de que la supuesta sobreinversión de OHL en la primera etapa del proyecto, hubiera sido autorizada por el Saascaem, lo que significa que dicha sobreinversión: (i) no debe ser reconocida por el gobierno de Eruviel Ávila; y (ii) no da lugar a una ampliación de la vigencia de la concesión.
PwC también señaló que la propuesta de OHL incluyó por lo menos 11 documentos “en blanco” y detectó graves inconsistencias en el plan financiero presentado por OHL en el concurso, lo que debió llevar al desechamiento de su propuesta.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México determinó que no existe control alguno de los aforos vehiculares y los ingresos de OHL en el Viaducto Bicentenario, lo que impide saber cómo se amortiza la inversión del concesionario. En otras palabras: OHL actúa ilegalmente como juez y parte en la verificación del aforo y los ingresos.
El tema es muy grave y no se agota con el pago de una multa. El gobierno de Eruviel Ávila debe: (i) demandar la nulidad del Título de Concesión del Viaducto Bicentenario; y (ii) presentar las denuncias penales correspondientes. Si no lo hace, debe asumir las consecuencias derivadas de su incumplimiento de la ley