El 18 de abril de 2008 el entonces secretario de Comunicaciones del Estado de México, Gerardo Ruiz Esparza, adjudicó en favor de OHL la concesión del Viaducto Bicentenario. Lo hizo, a pesar de que había por lo menos una propuesta cuyos términos eran sustancialmente más favorables para el erario del Estado de México en cuanto a:
• Pago inicial al gobierno del Estado por $1,500 millones de pesos en efectivo; • 20 por ciento de los ingresos netos del proyecto para las arcas públicas, durante toda la vida de la concesión; • Mayor inversión del concesionario; • Menor plazo de concesión solicitado para la recuperación de esa inversión; • Tarifa más baja para los usuarios, comparada con la tarifa que cobra actualmente OHL.
OHL ofreció pagar únicamente $480 millones de pesos y el 0.5 por ciento de los ingresos netos del proyecto. El pago inicial ofrecido por la otra empresa equivalía a más de tres veces el ofrecido por OHL. Y la contraprestación periódica ofrecida por la otra empresa equivalía a cuarenta veces la ofrecida por OHL.
La principal razón que argumentó Gerardo Ruiz Esparza para no adjudicar la concesión en favor de la empresa que presentó la oferta más favorable, fue que le pareció que la arquitectura del proyecto era “antiestética” . De esta forma, la perspectiva estética de Ruiz Esparza derivó en una afectación a la hacienda pública estatal por más de $1,000 millones de pesos, más el 19.5 por ciento de los ingresos netos del proyecto durante toda la vida de la concesión, recursos que no ingresarán nunca a la caja del Estado y en consecuencia nunca servirán para generar bienes y servicios públicos, sencillamente porque al entonces funcionario estatal no le gustó el diseño de unas columnas.
Al margen del respeto que merezca el peculiar sentido de la estética de Gerardo Ruiz Esparza, sus decisiones pueden constituir la comisión de actos de corrupción y diversos probables delitos. Por su parte, el 10 de mayo de 2015 el Gobernador Eruviel Ávila dio instrucciones a su secretario de Infraestructura, para que no se autorizara incremento alguno de las tarifas en el Viaducto Bicentenario, hasta que OHL:
* comprobara que está cumpliendo debidamente sus obligaciones bajo el Título de Concesión;
* transparentara sus actos; y
* rindiera cuentas “respecto a los hechos recientes”.
Al día de hoy, nada de esto ha ocurrido y, sin embargo, el gobernador Eruviel Ávila autorizó de manera ilegal un incremento de aproximadamente 8.33 por ciento a partir del 7 de julio de 2016.
Al día de hoy, ni siquiera han concluido las auditorías que desde hace más de un año realiza Eruviel Ávila en el Estado de México a OHL en el Circuito Exterior Mexiquense y en el Viaducto Bicentenario, pues según ha reconocido expresamente el contralor del Estado, siguen “apareciendo” estimaciones y documentos. Es decir, al parecer se siguen fabricando documentos prefechados.
Los tiempos en que los gobernadores hacían en sus estados lo que les venía en gana sin rendir cuentas ni enfrentar consecuencias se han terminado y, para bien de México, no volverán.
El gobernador Eruviel Ávila debe tomar en cuenta que los mexicanos estamos cansados de la corrupción y de la impunidad; que el gobernador en turno ya no puede disponer a su antojo de la infraestructura pública, como si fuera de su propiedad; que no sólo OHL, sino el gobierno a su cargo debe transparentar sus actos y rendir cuentas; que no hay margen para la simulación ni para más “paquetes de impunidad” al estilo Veracruz, Quintana Roo o Chihuahua.
Si el combate a la corrupción y a la impunidad es en verdad un asunto prioritario de la administración del gobernador Eruviel Ávila, tendrá de demostrarlo en los hechos.