Precisaron que será el próximo 18 de mayo cuando se lleve a cabo la Audiencia de ley en la que todas las partes involucradas acudan a presentar las pruebas correspondientes.
Los legisladores perredistas dieron a conocer que se señalan a 17 autoridades responsables por su participación en el proyecto de construcción del Tren México-Toluca en el tramo Distrito Federal: el presidente de la República, Enrique Peña Nieto; el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa; el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano Cortés; el jefe delegacional en Álvaro Obregón, Leonel Luna Estrada; el director general de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, Javier Vértiz Macías; el jefe delegacional en Cuajimalpa de Morelos, Adrián Rubalcava Suárez.
Asimismo, están señalados: el secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, Gerardo Ruiz Esparza; el director general de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, Pablo Suárez Coello; el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, Juan José Guerra Abud.
También, el secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal, Alfredo Hernández García; el director general de Obras Concesionadas de la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno del Distrito Federal, Gerardo Báez Pineda; el director general de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno del Distrito Federal, Edgar Oswaldo Tongüi Rodríguez; el director de Procedimientos de Licitación de Obras Públicas, de la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno del Distrito Federal, Enrique Takahashi Villanueva; el subdirector Jurídico de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno del Distrito Federal, Alfonso Oliva Mendoza.
El director de Control y Seguimiento de Obras de la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno del Distrito Federal, Jorge Eduardo Herrera González; el director de Viabilidad y Evaluación de Proyectos de la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno del Distrito Federal, Jorge Alberto Hernández Escallón; y la Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal, Tanya Müller García.
Santillán y Zepeda precisaron que los argumentos de las demandas contra las autoridades federales y locales se sustentan en la violación de múltiples derechos como los consagrados y tutelados en los artículos 1, 2, 6, 11, 14, 16, 25, 27 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Tratados Internacionales celebrados por México y ratificados por el Senado de la República, previstos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Asimismo, los legisladores indicaron que la obra para dicha construcción es inconstitucional porque viola el derecho a la Seguridad Jurídica y se traduce en actos que de ejecutarse se tornarían de imposible reparación en perjuicio del derecho a una calidad de vida digna, en condiciones de igualdad, sin discriminación, ya que la obra que se pretende realizar, no es incluyente de la zona del Pueblo de Santa Fe que comprende 33 colonias, mismas que se encuentran asentadas sobre las laderas de las barrancas a lo largo de la avenida Vasco de Quiroga, Camino Real a Toluca y Camino a Santa Fe, a las cuales se dejarían sólo los perjuicios sin darles acceso al medio de transporte que se plantea ya que no hay paradas en la zona afectada, ni entradas ni salidas en el viaducto elevado.
Los diputados del PRD recordaron que el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón y el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Santa Fe, así como los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, no prevén una obra de gran magnitud como la del construcción y obras para el Viaducto Elevado del Tren Interurbano Toluca-Valle de México.
Enfatizaron que las autoridades del gobierno del Distrito Federal han omitido proporcionar información suficiente, clara y oportuna sobre la obra pública mencionada, así como dar a los vecinos la oportunidad de participar, conforme a lo establecido por la Ley de Participación Ciudadana y la Ley Ambiental, ambas del Distrito Federal, en la decisión de llevar a cabo dicho proyecto, a través de la Consulta Pública.
De llevarse a cabo la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, indicaron los legisladores, se violaría en perjuicio de los pobladores la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, toda vez que las autoridades involucradas no cuentan con los debidos estudios y permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y la Secretaria de Cultura para la realización de una obra de esa magnitud.
Asimismo, indicaron que se violaría Ley de Movilidad del Distrito Federal. El derecho a la movilidad forma parte de aquellos derechos indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado y es un prerrequisito y necesidad básica del ser humano, constituye un derecho fundamental para la erradicación de la pobreza y la realización de los principios de igualdad y no discriminación, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución.