Luego de las suspensiones provisionales y con efectos generales a los artículos 57, cuarto y sexto transitorio de la Ley de Hidrocarburos esta semana, Daniel Aranda sostiene que la ley permite una amplia discrecionalidad a la Comisión Reguladora de Energía o la Secretaría de Energía, para otorgar o revocar permisos si estos no cumplen con las políticas de almacenamiento que emite el gobierno, sin que esas políticas tengan que ser discutidas por el Congreso o justificadas de manera alguna
"El Artículo 59 le permite a la autoridad suspender cualquier permiso, ya sea de importación, exportación, distribución, comercialización, transporte y almacenamiento de combustible, y tomar la operación de las instalaciones de los permisionarios por cualquier causa de seguridad nacional, seguridad energética o economía nacional, sin ningún parámetro, definición, ni medida en el tiempo", explica.
Expone que, a diferencia de la Ley de la Industria Eléctrica, en este caso tendría que analizarse permiso por permiso, pero los efectos más peligrosos del Artículo 59 son que deja abiertos tres conceptos que no están definidos por ley, como son la seguridad nacional, la seguridad energética y la economía nacional.
"Al dejarlos abiertos y permitir que la autoridad tome posesión de tus instalaciones de manera legítima y que, lejos de que sea la autoridad la que tiene que demostrar el tiempo por el cual eso debe durar, le pone la carga de la prueba al permisionario, y es él quien tiene que desvirtuar que la circunstancia de seguridad nacional, seguridad energética o economía nacional ya no existe".
"No hay parámetros claros, en consecuencia, podría tener el carácter expropiatorio y va a generar demandas de amparo para obtener la suspensión a aquellos que tienen compromisos o saben que no cumplen con la política de almacenamiento que existe al día de hoy", anticipa el socio de Foley Arena.
Desde su punto de vista, la Ley de Hidrocarburos es una violación de derechos adquiridos de los permisionarios y atenta contra la certeza legal que debe existir en los medios de los negocios, más aún en inversiones millonarias como las que implica el sector hidrocarburos.
Daniel Aranda concluye que en estos temas se pueden interponer demandas de amparo para combatir la ambigüedad de estos términos. "En el caso de que se den las suspensiones de los permisos, se va a abrir una fuente de expropiaciones indirectas y una fuente de paneles de inversión ante todos los compromisos internacionales que existen por parte de México", concluye.