Según el abogado Roger Cox, que representa a Amigos de la Tierra en Países Bajos (Milieudefensie) y más de 17,300 ciudadanos, Shell está ignorando los objetivos climáticos globales, cuando tiene “una responsabilidad especial” debido a su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero por los combustibles fósiles que extrae y vende.
Shell debe cumplir con el límite establecido por el Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, que recomienda reducir las emisiones para mantener el objetivo del Acuerdo de París de no superar un aumento de la temperatura del planeta de 1.5 grados a final de siglo, añadió Cox.
Los denunciantes consideran que el tribunal neerlandés debería obligar a Shell a tomar las medidas necesarias contra la crisis climática, siguiendo otra sentencia del Tribunal Supremo que dio el año pasado la razón a la ONG Urgenda, condenando al Estado neerlandés a reducir a finales de 2020 las emisiones en un 25 por ciento con respecto a 1990.
La petrolera, que admite los peligros del cambio climático, ha defendido que está ya invirtiendo en proyectos verdes y que ha formulado objetivos para reducir emisiones de CO2 causadas por sus actividades, pero considera que no son los tribunales, sino los gobiernos, a través de acuerdos internacionales, los que deben contrarrestar el calentamiento global.
En nombre de Shell, Harry Brekelmans, defendió que la empresa no decide los motivos que llevan a los ciudadanos a comprar un coche eléctrico, algo que un gobierno puede promover a través de sus políticas fiscales, y advirtió de que no hay ninguna ley que considere ilegales las emisiones de CO2, por lo que la demanda de Milieudefensie “no tiene fundamentos” legales.
"Creemos que el progreso depende de la interacción entre gobiernos, empresas y clientes. A escala global y en cohesión. Creemos que este caso no contribuirá en nada a eso", añadió durante la primera audiencia del juicio, que tiene programadas otras tres sesiones este mes.
Cox cree que la política de Shell es “extremadamente peligrosa y desastrosa” porque sigue invirtiendo el 95 por ciento de sus fondos en la extracción de gas y petróleo, y solo el 5 por ciento en energía limpia, cuando es uno de los diez mayores contaminadores del mundo, lo que viola los tratados climáticos, el estándar de protección ciudadana y los derechos humanos.
Nine de Pater, de Milieudefensie, explicó a Efe que ganar el caso “supondría un cambio radical en el mercado energético, no solo para Shell sino también para otras compañías dedicadas al gas y el petróleo en Países Bajos, porque se establecerá un precedente, un ejemplo, que permitirá a otras organizaciones ir a la Justicia contra otras petroleras”.