El pacto establece que compensará con "varios millones de dólares" a los más de 65.000 usuarios a los que aplicó una tarifa adicional en concepto de "tiempo de espera", un suplemento que empezó a cobrar en abril de 2016 cuando el conductor debe esperar más de dos minutos desde que llega al lugar y hasta que el pasajero accede al vehículo y se inicia el viaje.
El Departamento de Justicia precisó en un comunicado que Uber dará 1,73 millones de dólares a los más de 1.000 usuarios que se quejaron por haber pagado más debido a su discapacidad, y 500.000 dólares a otros damnificados reconocidos por las autoridades.
Asimismo, ofrecerá a quienes se inscribieron en el programa de exención de las tarifas por tiempo de espera el doble de la cantidad cobrada, lo que en total podría suponer un pago adicional de cientos de miles, o incluso millones, de dólares.
La empresa también se ha comprometido a eximir de la tarifa extra a todos los usuarios que certifiquen que necesitan más tiempo para subirse al vehículo por su discapacidad y a garantizar que se devolverá fácilmente el dinero a aquellos que no han podido apuntarse a esa exención de forma anticipada y que han pagado de más.
"A las personas con discapacidad no se les debería castigar ni hacer sentir como ciudadanos de segunda por su discapacidad, que es precisamente lo que hacía Uber con su política", concluyó en el comunicado la fiscal general asistente para la división de Derechos Civiles, Kristen Clarke.
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