En reunión de trabajo con la Comisión, que preside la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge (PAN), las organizaciones de los dos sectores expusieron sus propuestas sobre la iniciativa que el Ejecutivo federal entregó al Congreso de la Unión el pasado 8 de septiembre.
También plantearon modificar las leyes del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el marco del análisis del Paquete Económico 2018.
Las organizaciones civiles propusieron aumentar los montos impositivos a las bebidas azucaradas y al tabaco, para reducir su consumo, y establecer criterios de transparencia en los ingresos tributarios no petroleros.
Los empresarios plantearon ampliar las deducciones, establecer más estímulos fiscales, eliminar los impuestos aduaneros a los autos eléctricos e híbridos, y flexibilizar algunos mecanismos fiscales para ayudar a las personas físicas afectadas por los sismos de septiembre pasado, entre otros aspectos.
Yarishdy Mora Torres, coordinadora de la Coalición Contrapeso, que agrupa a diversas organizaciones civiles, y Alejandro Calvillo Unna, director de El Poder del Consumidor A.C., plantearon duplicar el monto del impuesto aplicado a las bebidas azucaradas que, desde enero de 2014, es de un peso por litro.
Los activistas afirmaron que está comprobado que el aumento del impuesto a dichos productos contribuye a disminuir su consumo y en su lugar se opta por beber agua, con lo cual se contribuye a prevenir problemas de salud derivados del sobrepeso y obesidad, como la diabetes.
Refirieron que en 2016 se recaudaron 23,348 millones de pesos (mdp) por impuestos a las bebidas azucaradas y de aumentarse el monto se obtendrían 22,000 mdp adicionales, parte de los cuales podrían destinarse a la reconstrucción tras los sismos.
Erick Antonio Ochoa, de la Fundación Interamericana del Corazón de México, propuso elevar los impuestos al tabaco de tal manera que el 75 por ciento del precio final del producto sea por concepto de gravámenes. Actualmente, el 67 por ciento del costo final de los cigarros corresponde a impuestos (IEPS e IVA).
Apuntó que la Organización Mundial de la Salud recomienda imponer contribuciones no menores al 75 por ciento del precio final de venta, con lo cual, en caso de aprobarse, en México se reduciría un 30 por ciento su consumo y se recaudarían 10,000 mdp.
Mariana Campos, del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la organización México Evalúa, recomendó establecer criterios de transparencia en la Ley de Ingresos 2018, particularmente para el desglose de la información de los ingresos tributarios no petroleros y de las inversiones que utilizarán recursos obtenidos con deuda.
Comentó, a manera de ejemplo, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no explica de dónde provienen los ingresos tributarios etiquetados como aprovechamientos, pero se sabe, por intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que surgen por liquidación de entes federales.
Sin embargo, la dependencia no lo desglosa y ello se considera opacidad.
Pablo Mendoza García, presidente de la comisión de fiscal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró que se deben precisar los criterios de la Declaración Informativa de Operaciones Relevantes, para evitar ambigüedades que perjudiquen a las personas morales.
Planteó eliminar, sólo para 2018, el tope que tienen las empresas para hacer donaciones de recursos, que es del 7.0 por ciento de sus ingresos, porque ello limita su capacidad altruista, en el marco de la reconstrucción tras los sismos de septiembre.
Asimismo, pidió facilitar la constitución de donatarias, con menos requisitos.
Para ayudar a las personas físicas afectadas por los sismos, propuso flexibilizar una serie de acciones fiscales, como excluir, del tope máximo de deducciones, los gastos médicos y de seguros de gastos médicos.
También planteó permitir la deducibilidad inmediata de las inversiones de las personas físicas y de los gastos relacionados con la reparación de su casa, y la deducción de seguros de casa habitación, entre otros.
Humberto Portilla Luja, representante de la Confederación de Cámaras Industriales (Cocamin), señaló que se debe reducir la tasa de recargos que, para 2018, se estable en 0.98 por ciento, y actualizar las tarifas del ISR para reconocer los efectos de la inflación, a fin de no afectar los ingresos de los trabajadores.
Para el sector minero, planteó volver a permitir la deducción del 10 por ciento de las erogaciones en periodos preoperativos (inversiones que se hacen antes del inicio de operación), con base en el ISR.
También indicó que el estímulo fiscal que se otorga al sector de transporte por uso de diésel y biodiésel se extienda a todas las empresas que cuentan con sus propios vehículos para traslado.
Pedro Higuera Velázquez, presidente de comisión fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), planteó que las empresas puedan deducir en su totalidad las prestaciones laborales, ya que actualmente sólo son deducibles en un 47 o 53 por ciento.
Asimismo, se pronunció por realizar una simplificación fiscal y la implementación de un comité de mejores prácticas fiscales.
Osvaldo Ramón Belmont Reyes, director técnico de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), pidió modificar las leyes del ISR y del IVA, a fin de fortalecer los incentivos fiscales para la adquisición de tecnología que permita construir vehículos más eficientes y menos contaminantes.
Asimismo, la eliminación de impuestos aduaneros para autos híbridos y eléctricos.
Alfonso Pérez Reguera, asesor fiscal de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), propuso que se permita a las empresas deducir la compra de automóviles al considerarlo como un gasto normal de las compañías.
Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servitur), propuso la deducción sin límites de gastos médicos y colegiaturas.
También que la deducibilidad de autos nuevos ya no tenga el tope de 175 mil pesos y que se simplifique la expedición de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), para evitar que las pequeñas empresas vayan a la informalidad.
Luis Gerardo del Valle Torres, de la American Chamber of Commerce Mexico, propuso la creación de un régimen para deducir inversiones de manera más acelerada y considerar una propuesta integral para favorecer el ahorro voluntario colectivo para el retiro de los trabajadores.
Luis Ignacio López Casas, del Consejo Nacional Agropecuario, urgió a la simplificación fiscal para las “integradoras”, que son asociaciones empresariales de personas físicas y/o morales a escala micro, pequeña y mediana, para que puedan desarrollarse.
Ramón González Figueroa, presidente del Consejo Regulador del Tequila (CRT), solicitó a los diputados incluir en la Ley de Ingresos un estímulo fiscal al consumo de agave, de hasta por dos pesos por cada kilogramo que se use en la elaboración de la bebida, que se pueda aplicar contra el IEPS o ISR que se cause.
Por su parte, Abel Alcántara, presidente de la Unión de Maestras y Maestros del Mezcal, pidió reducir impuestos a este producto y recursos para la certificación de los maestros del mezcal.
Durante la reunión de trabajo, empresarios y académicos de Tabasco pidieron a los diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público apoyar una iniciativa suscrita por legisladores federales de ese estado, que busca que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reclasifique sus tarifas en la entidad y las reduzca.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, Gabriel Oropeza Varela, indicó que se pretende que la CFE otorgue la tarifa 1F, la más económica, a esta entidad, para evitar el pago de cuotas superiores a los 10,000 pesos por hogar, debido al alto consumo generado por temperaturas de 33 grados centígrados.