En México, donde un accidente de tránsito es la primera causa de muerte en la población joven, existe desde hace poco tiempo un número único de emergencia, el 066, que proporciona atención telefónica gratuita durante las 24 horas y que garantiza, en caso de emergencia, el traslado de la víctima con personal sanitario especializado. Su sistema judicial ha reforzado, además, los controles preventivos de consumo de alcohol y su Código Penal ha establecido delitos por conducción bajo dichos efectos y facilita acceso gratuito y representación judicial sin coste a las víctimas que carecen de bienes para iniciar un juicio.
Son algunos de los aspectos sobre los que el país ha avanzado en los últimos años, pero en los que todavía debe seguir trabajando, "porque el recorrido es largo y los retos, importantes, especialmente si queremos lograr que las víctimas, directas e indirectas, no se sientan desprotegidas tras un accidente".
Así lo ha manifestado ayer Jesús Monclús, Director del Área de Prevención y Seguridad Vial de FUNDACIÓN MAPFRE, durante la celebración del Tercer Encuentro Iberoamericano FICVI, que finalizó ayer por la tarde en Monterrey, México, país donde según ha señalado, es necesario "mejorar la fiabilidad de los datos, para así poder investigar las causas y aplicar las medidas necesarias".
También ha hecho alusión a que a pesar de que en México empieza a regir la norma que implementa el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil para los vehículos, más de 27 millones en todo el territorio, "sigue siendo desigual el proceso de indemnizaciones".
En dicho encuentro, que ha contado con grandes expertos en seguridad vial, se han dado a conocer las principales conclusiones del Informe "Respuesta tras los siniestros de tránsito en los países de Iberoamérica", realizado conjuntamente entre FUNDACIÓN MAPFRE y la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI), con el objetivo de elaborar un diagnóstico, desde la óptica de dichas asociaciones, sobre el nivel de respuesta que existe tras un siniestro de tránsito en otros 12 países con los que trabaja esta entidad, y entre los que figura, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Panamá y Uruguay.
El trabajo ha basado dicho análisis en indicadores relacionados con la atención pre y post hospitalaria, el tiempo de respuesta tras un siniestro, la agilidad que existe por parte de la justicia para reparar el daño que sufren las víctimas y la calidad en la atención psicosocial, entre otros.
Jesús Monclús se ha referido al impacto humano, económico y social, "tan difícil de cuantificar", que suponen los accidentes de tránsito en la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC) y ha apuntado dos datos significativos: 142,000 latinoamericanos y caribeños mueren cada año por esta causa y cinco millones de personas sufren heridas de gravedad.
Entre las propuestas que ha destacado "para que las víctimas de accidentes se sientan protegidas y apoyadas y reciban la misma calidad de servicio de orientación, atención psicológica y jurídica que otros afectados por delitos violentos", Monclús se ha referido al esfuerzo que deben hacer los países para dar a conocer el número 911 de emergencias, "que debería ser único, gratuito y operativo en todos los lugares", que debería existir un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) con las suficientes coberturas en los países de la región, así como un organismo que se ocupe de resarcir los daños producidos por vehículos sin asegurar, que se dan a la fuga o que no son identificados.
Se ha referido, además, a la necesidad de legislar para que lo países establezcan controles preventivos de alcoholemia y velocidad con instalación de radares y presencia policial para sancionar al infractor. "La justicia debe ser preventiva para la sociedad, reparadora para las víctimas, y reeducadora para el infractor", ha añadido.
La Organización Mundial de la Salud estima que, si no se actúa con decisión, para 2015 los siniestros viales serán la principal causa de muerte prematura y discapacidad física para personas mayores de 5 años y para 2020 el número de personas que morirán por esta causa en todo el mundo se acercará a 1.9 millones.