De los 2,898 expedientes en revisión, la AET concluyó que 916 concesiones presentaban diversas inconsistencias y anomalías, como doble identidad de los concesionarios, expedientes incompletos y alteración de documentos, entre otras, por lo que fueron canceladas y publicadas en marzo en el Periódico Oficial del Estado.
Del total de canceladas, 279 corresponden a personas físicas y 637 a personas morales.
En esta primera fase se atendieron a 105 personas físicas que fueron citadas a comparecer, de las cuales 51 subsanaron las inconsistencias en sus expedientes, por lo que recibieron constancias de la AET que acreditan como válidas sus concesiones para podrán ser renovadas hasta antes del 17 de noviembre del 2017.
"Las 51 personas tuvieron que acudir aquí a Jurídico con previa cita en la cual se les atiende y toma su declaración, rinden ellos su informe con puño y letra qué fue y cómo obtuvieron la concesión y en esas ideas nos damos cuenta que la persona actuó de buena fe", explicó Jorge Longoria, titular de la Agencia.
Los concesionarios que forman parte de esta primera fase son de los municipios de El Carmen, Hidalgo, Galeana, García, Juárez, Pesquería y Zuazua.
Esta acción protege no solo el patrimonio de las familias, sino que da certidumbre jurídica a los concesionarios, al saber que su expediente está completo, y que les permitirá trabajar con orden y responsabilidad su concesión.
Longoria indicó que 54 personas no fueron localizadas porque sus domicilios no corresponden con el señalado en los expedientes o no existen.
Las 637 personas morales conservan su derecho de audiencia y en su momento serán citados a comparecer.
Quienes interpusieron amparo deberán desahogar su procedimiento y esperar a que se dictamine su situación para poder subsanar sus trámites, o desistirse de ese juicio.
Ninguno de los casos garantiza una resolución favorable, ya que cada expediente se analiza en lo individual.
"Las personas morales deciden ampararse y al estar en el amparo estamos en una posibilidad limitada o más bien no válida como para atenderlos", dijo el funcionario estatal.
"Ahí están metidos los grupos que hoy para nosotros están actuando de una forma muy irregular en el sentido que ni la Agencia renta placas. Estos grupos, tenemos denuncias también de personas que les rentan las placas a ellos y que llevan y han pagado más de 250 mil pesos de renta durante 15 años y el auto es de ellos y los derechos de pagos, multas y refrendos corren a cargo de ellos pero la concesión no es de ellos".
En los próximos días serán citadas otras personas físicas de los municipios de Salinas Victoria, Cerralvo, Marín y Ciénega de Flores.