El punto de acuerdo de urgente resolución, aprobado en votación económica, también pide hacer públicos costos y plazos que implicará corregir las fallas, así como quién cubrirá las mismos, y en tanto no se arregle, que no se ponga en operación la línea para salvaguardar la seguridad de las personas.
Además, solicita a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) lleve a cabo una auditoría con respecto del gasto, instalación, calidad y especificaciones de las 700 placas de neopreno ya instaladas que deberán ser sustituidas por no cumplir con la calidad y especificaciones requeridas, que ponen en riesgo la puesta en marcha y operación de la Línea 3 del Tren Ligero de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
En la fundamentación del mismo, el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (MC) mencionó que hace cuatro años y medio, se contempló la ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con una inversión de recursos públicos de 17,693 millones de pesos; a la fecha el costo asciende a 29,288 millones de pesos, que representa un incremento del 66 por ciento respecto al monto original.
De los contratos suscritos, todos debieron concluir entre octubre de 2016 y marzo de 2017, por lo que la obra acumula un retraso de casi dos años. Ejemplo de ello, la construcción del túnel de 4 kilómetros que se previó terminara en marzo de 2017; sin embargo la tuneladora que hizo la obra civil terminó el 24 de mayo de 2018, 14 meses después del plazo estipulado.
Además, dos tramos de los viaductos elevados tuvieron retrasos superiores por más de un año y medio, que por supuesto ha impactado en el incremento de la obra y ha pospuesto su inauguración y su puesta en marcha hasta 2019.
Villarreal Salazar realtó que el presidente de la República, anunció que sin poner en marcha el funcionamiento para el público usuario, inauguraría el tren eléctrico de la Zona Metropolitana este 20 de noviembre.
El gobernador electo de Jalisco, informó a la ciudadanía sobre algunas fallas técnicas, en particular señaló que los neoprenos instalados que sirven como amortiguadores para evitar las vibraciones entre columnas y las trabes, fallaron y tendrán que ser reemplazados por unos nuevos.
Añadió que en respuesta, la delegación estatal de la SCT confirmó que se habrán de sustituir 700 placas de neopreno, que tiene un recorte en el paso elevado de la línea 3. Sin embargo, “negó enfáticamente que para ello desmontarán las trabes y que junto con las vías y la red eléctrica ya instalada quedará sin algún movimiento”.
De igual modo, la dependencia federal notificó que para sustituir este material será por uno que tiene actualmente de 5 a 7 años de durabilidad, por otro de mayor calidad de 10 años de durabilidad. El costo de la colocación, según informó la delegación de la dependencia será para la empresa constructora y no para el erario federal.
Al fijar su posicionamiento, la diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) precisó que esta obra debió haberse completado en 2017, con un costo de 17,693 millones, pero “hoy vamos arriba de los 29 mil”. Afirmó que para que el transporte sea adecuado tiene que ser accesible, suficiente, eficaz, limpio y seguro. “Se debe garantizar la seguridad de cerca de 230 mil pasajeros que viajan diariamente en esa Zona Metropolitana”.
El diputado Absalón García Ochoa (PAN) expresó que cuando se anunció la construcción, fue idónea, pero de acuerdo con la ASF sufrió modificaciones, que ha generado retrasos de casi dos años en su desarrollo. “No queremos que este proyecto corra el mismo destino que la línea 12 del Metro de la Ciudad de México; buscamos que se cumpla a cabalidad con las disposiciones de su propio plan ejecutivo y que las autoridades respondan ante posibles elementos de fallas que comprometan la seguridad de los pasajeros”.
Del PRI, el diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño sostuvo que el tren hará más competitiva a la entidad y será la vía más segura y rápida entre los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. Añadió que la sustitución de los neoprenos no impide los recorridos de prueba de los vagones. “La seguridad de los usuarios es una prioridad en el transporte público, por ello las valoraciones técnicas ayudan a evitar riesgos en la operación”.
Francisco Javier Saldívar Camacho, diputado del PES, resaltó que no basta el retraso de casi dos años, ni que tenga un sobreprecio del 66 por ciento, pues “ahora nos enteramos que 700 piezas de neopreno ya instaladas, deberán ser remplazados. Urge saber por qué se permitió que sucediera eso, Necesitamos saber si la obra se inaugurará, así sea parcialmente. Requerimos saber el nivel de responsabilidad de Gerardo Ruiz Esparza y su equipo”.
El diputado Santiago González Soto (PT) destacó que de nueva cuenta se tiene conocimiento de graves irregularidades que se presentan en la obra pública a cargo del gobierno federal. “Licitaciones a modo, sobreprecio, entrega tardía, incumplimiento de la calidad técnica a los que la constructora se compromete y que no se han hecho efectivas las fianzas correspondientes. Estamos hartos de los negocios que se hacen al amparo del poder público. Es imprescindible que se presenten al Ministerio Público las denuncias penales correspondientes”.
Por MC, el diputado Juan Francisco Ramírez Salcido indicó que las irregularidades han provocado afectaciones a viviendas, a infraestructura hidráulica e innumerables negocios que han quebrado durante la realización de la obra. “La gran opacidad de la construcción de la línea 3 del Tren Ligero también ha sido en perjuicio de la ciudadanía al desconocer la información verídica de los motivos de los atrasos, al grado de que las autoridades federales fueron omisas en ni siquiera invitar a conocer el estado de la obra durante su construcción”.
La diputada Mónica Almeida López (PRD) argumentó que es necesario aprobar las modificaciones necesarias a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púbico para terminar con la opacidad, discrecionalidad, triangulación y corrupción en las contrataciones. “Hay que revisar detenidamente las obras que el gobierno saliente está dejando para poder empezar a construir sobre la legalidad. El transporte público es una prioridad para el desarrollo del país”.
Jesús Sergio Alcántara Núñez, diputado del PVEM, expresó que de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la obra registra un avance del 98 por ciento y solamente estará a prueba; sin embargo, la sustitución de estas 700 placas de neopreno van a ser por cuenta de la empresa que desarrolla la obra, “eso le va a permitir al gobierno de la República no desembolsar más recursos. Ninguna medida es exagerada si va encaminada a buscar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos”.