Los agentes económicos celebraron convenios en los que acordaron fijar un mismo precio para el servicio de autotransporte de cemento, limitar el número de camiones de carga que cada uno de los transportistas podría poseer y repartirse los clientes que cada uno podría atender de manera exclusiva. Estas conductas implican violaciones a las fracciones I, II y III del artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica.
En esos convenios participó el entonces Director de Transportes del gobierno de Baja California Sur, quien en lugar de utilizar los mecanismos legales a su disposición para frenar los bloqueos entre transportistas, los incitó a la ejecución de prácticas monopólicas absolutas y vigiló que se llevaran a cabo.
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Esta investigación inició como resultado de la colaboración y la información que proporcionó uno de los participantes en el acuerdo, quien se acogió al programa de reducción de sanciones de la CFC. A este participante se le redujo la sanción a un salario mínimo. Por otro lado, el monto de las multas a las que se hicieron acreedores algunos sancionados se incrementó por no entregar la información requerida por la Comisión.
Los agentes económicos y personas físicas penalizadas disponen de 30 días hábiles para interponer un recurso de reconsideración ante la CFC.
Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión, declaró: “Esta investigación demuestra la eficacia del Programa de Inmunidad para combatir la colusión en nuestro país. Además, constituye una señal de alerta para los gobiernos estatales a fin de que no contribuyan en la promoción de acuerdos anticompetitivos que afectan a los consumidores que están obligados a servir”.