"Lo escuché con detalle y queda claro que Perupetro (empresa estatal encargada de las concesiones a terceros) tomó una decisión en la que él no tuvo participación. Él llega como ministro y le tocó refrendar a los pocos días un documento visto ya por diferentes instancias", afirmó Tejada para Canal N.
En 2012, la noruega Interoil demandó al Perú ante la Corte Internacional de Arbitraje para obtener una prórroga de su contrato de 20 años que finalizaba en 2013, con el argumento de que por el fenómeno climatológico El Niño no pudo operar en 1998 y 2002.
El Estado peruano, que en principio se oponía a la renovación, hizo caso omiso del fallo, a pesar de que la Corte le dio la razón, y decidió la prórroga por 12 meses.
Para la oposición la maniobra correspondió a los intereses de Mayorga para favorecer a la empresa que asesoraba hasta pocos días antes de tomar posesión de su cargo en el Ejecutivo en febrero.
Al respecto, Tejada precisó que no se le dio toda la razón a Interoil, pues la compañía pedía una ampliación de 10 años, pero solo se le otorgó un año para la continuidad de las operaciones.
"Y en ese año se tiene que hacer la licitación, no se podía antes porque había una medida cautelar que lo impedía", agregó el parlamentario oficialista.
Mayorga declaró la semana pasada que "la acusación de conflicto de intereses no tiene ningún fundamento". "La dirección de Perupetro había decidido prorrogar con una licencia temporal de un año el contrato de Interoil (...) antes de que me hiciera cargo del Ministerio", afirmó en una carta.
El ministro fue defendido también por el presidente, Ollanta Humala, quien hace unos días afirmó que la prórroga no fue decidida por Mayorga sino por Perupetro, debido a que "era una necesidad".
Según el diario La República, entre 2013 y 2014, cuando el contrato había finiquitado pero mantenía vigencia mientras se desarrollaba el juicio, Interoil obtuvo ganancias por unos 95 millones de dólares.
Por su parte, Tejada dijo que la asistencia de Mayorga al Congreso para responder las preguntas del caso, era "un ejemplo" de que, a diferencia de otros gobiernos, en el actual las denuncias periodísticas sobre presuntas irregularidades en el sector público "no son bloqueadas, sino investigadas".