De acuerdo con la información obtenida en la encuesta en vivienda realizada en el Distrito Federal por Parametría, para el 61 por ciento de los entrevistados la medida preventiva del alcoholímetro ha cumplido con su objetivo, ya que ha ayudado en mucho a disminuir los accidentes provocados por personas que conducen tras consumir bebidas alcohólicas. La percepción de los capitalinos es avalada por la SSPDF, la institución reporta que el programa ha contribuido a reducir en 30 por ciento el índice de accidentes fatales asociados con el consumo de alcohol, y a disminuir en 70 por ciento las muertes por conducir en estado de ebriedad. Óscar Pérez Coria director del programa “Conduce sin alcohol” afirma que en 2003 se tenían 671 decesos, y para finales de 2012 sólo se registraron entre 96 y 97 fallecimientos.
En el Distrito Federal, conducir un vehículo particular rebasando el nivel de alcohol permitido en la sangre (cantidad superior a 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire expirado superior a 0.4 miligramos por litro o bajo el influjo de narcóticos) tiene como pena una sanción administrativa: el vehículo se traslada a un depósito (salvo que cuente con alguna persona que conduzca el vehículo en los términos de la Ley), y el conductor alcoholizado es arrestado de 20 a 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas[4], espacio conocido popularmente como “El Torito”.
Si bien, el total de los capitalinos (96 por ciento) está a favor del alcoholímetro, en la práctica no todos comparten dicha opinión; algunos arrestados han tratado de eludir el programa amparándose, o sobornando a las autoridades a cargo o tratando de escapar para no cumplir con la sanción. Al preguntarle a los entrevistados si estos se han sometido alguna vez a la prueba del alcoholímetro, el 17 por ciento admitió haberse detenido en el retén y hacer el test de alcoholemia.
Sólo el 3 por ciento de los capitalinos aceptó haber sido llevado a El Torito para cumplir con la sanción por conducir bajo efectos del alcohol. La medida ha desatado polémica, el alcoholímetro ha sido atacado por algunos juristas que lo consideran un foco de abusos de autoridad y corrupción, aseguran que es una práctica arbitraria y anticonstitucional por obstaculizar el libre tránsito con retenes, pero también ha sido defendida por aquellos que aseguran que una persona en estado de ebriedad es un peligro al volante, no sólo para el propio conductor si no para quienes sufren los daños colaterales.
No obstante, las sanciones impuestas por el programa “Conduce sin alcohol” en la capital y en el área metropolitana son débiles en comparación con las normas adoptadas en países como Estados Unidos y Brasil. En la Unión Americana las medidas para castigar a los automovilistas que manejen intoxicados pueden ser bastante rígidas; estas varían de acuerdo a la jurisdicción de cada estado, siendo progresivas y más severas en cada reincidencia de personas que conducen en estado de ebriedad. Si un conductor está por arriba del límite legal (0.8 gramos por litro) se le impone el DWI o DUI (sanciones por manejar bajo influencia del alcohol), esto puede ir desde una multa de cientos o miles de dólares; a una suspensión de la licencia por uno, tres, cinco años o de manera definitiva en caso de reincidir; o pasar tiempo en prisión, dependiendo de sí hubo accidente, heridos y muertos; también se pueden imponer otras sanciones como la imposición de un dispositivo de bloqueo de encendido en el vehículo del conductor o servicio a la comunidad. Para los inmigrantes un DUI puede ser muy costoso, una sanción por conducir en estado etílico puede complicar o terminar con sus planes de ciudadanía; en el caso de los indocumentados un DUI termina en deportación.
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En Brasil, la Ley de Tolerancia cero es una de las estrategias en legislación sobre conducción bajo los efectos del alcohol más exitosos. La Ley Federal 11.705 aprobada en 2008, establece que el límite de alcohol en la sangre sea cero, e incluyen penalizaciones severas para conductores que no acaten la ley, además de que la injerencia de bebidas alcohólicas antes y durante la conducción de vehículos es un crimen.
Las estadísticas muestran que en Estados Unidos, el número de muertes por lesiones causadas por el tránsito es mayor que en México, sin embargo la tasa es equivalente ya que varía dependiendo de la población. Las cifras no dejan de ser alarmantes.
Sin duda, las acciones para prevenir accidentes y sancionar a conductores en estado de ebriedad son controversiales y, en México y Brasil la discusión ha llegado a las redes sociales. En la ciudad de México las alertas en Twitter las cuales señalan el lugar dónde están instalados los retenes del alcoholímetro con el hashtag #Alcoholímetro, han abierto el debate en torno al uso de las redes sociales, dado que si se restringe se podría coartar la libertad de expresión. Pese a la facilidad que la red social brinda para evadir los exámenes de alcoholemia, el 95 por ciento de los encuestados rechazó la idea de alertar a conocidos, amigos y familiares sobre la ubicación de los retenes, sólo el 5 por ciento admitió haber notificado a sus conocidos, familiares y amigos dónde se situaban los alcoholímetros para poder evitarlos. Es importante señalar que aun cuando no está restringido legalmente el uso de este hashtag que alerta sobre el programa, si hay una reacción social para no avisar sobre la ubicación de los mismo.
En el país sudamericano, la oficina del Defensor del Estado del gobierno denunció a Twitter INC, por permitir que los titulares de cuentas avisen a los conductores dónde se encuentran los controles de la policía de tránsito. Para la defensoría del Estado brasileño, la conducta de la red social agrede la vida y la seguridad, y contribuye a que 55,000 personas pierdan la vida cada año en accidentes de tránsito.
En 2011, se estimó que en México el 60 por ciento de los accidentes de tránsito fueron por conducir bajo el influjo del alcohol; 24,000 personas murieron al año por esta causa; de estos accidentes derivaron 750,000 hospitalizaciones, 315,000 (aproximadamente el 40 por ciento de los hospitalizados) necesitaron servicios médicos al menos durante un año; 40,000 personas resultaron discapacitadas. También se calculó que el impacto de los accidentes viales representó el 1.2 por ciento de PIB, casi 130,000 millones. En ese momento, el Secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, destacó que en el Distrito Federal el 20 por ciento de las personas que conducían un automóvil lo hicieron alcoholizados.
En 2008, el perfil que el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra o Cenapra) elaboró para el DF, proyectó que la tendencia de defunciones por accidentes de tráfico de vehículo de motor disminuiría, y de acuerdo con la información del programa “Conduce sin alcohol” la meta se ha logrado. Asimismo, desde 2008 los accidentes de tránsito relacionados con aliento alcohólico, han disminuido, se registró consumo de alcohol en el 4 por ciento de los casos. La delegación que más accidentes tuvo por estado de ebriedad fue Cuauhtémoc, seguida por Benito Juárez. 2006 y 2007 fueron los años con más accidentes causados por intoxicación con bebidas alcohólicas.
Las últimas cifras emitidas por el Informe sobre la situación Mundial de la seguridad vial 2013 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), indican que la situación ha cambiado poco desde 2007. Las lesiones causadas por accidentes viales son la octava causa mundial de muerte, y la primera entre jóvenes de 15 a 29 años, si no se toman medidas los accidentes de tránsito se convertirán en la quinta causa de muerte para 2030. El informe indica que sólo 28 países, aproximadamente el 7 por ciento de la población mundial, tienen leyes integrales de seguridad vial en los cinco principales factores de riesgo: alcohol, exceso de velocidad, no usar cascos de motocicleta, cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil.
La información evidencia que en el país no existe una norma general para regular el manejo de automóviles en estado de ebriedad. La OMS ha sugerido la disminución de los niveles de alcohol en la sangre BAC (Blood alcohol content) para conductores jóvenes o poco experimentados: el límite de alcoholemia menor o igual a 0.05 g/dl para la población general y tolerancia cero para jóvenes menores de 21 años. Esta decisión está fundamentada en la investigación que comprueba que este grupo es el más vulnerable a sufrir lesiones en el tránsito bajo los efectos del alcohol.
No obstante, en México dicha sugerencia no se ha aplicado, el programa de “conduce sin alcohol” de la Ciudad de México apenas se ha extendido a otros municipios del Estado de México colindantes con el Distrito Federal como Atizapán, Ecatepec y ciudad Nezahualcóyotl, pero hasta el momento la medida no es aplicada a nivel nacional. Desde 2011, se ha pugnado porque el resto de los Estados del país incluyan en su ley de cultura cívica o legislación el alcoholímetro, pero esto sólo ha quedado en propuestas o puntos de acuerdo.