El fiscal Jorge Romero dijo ayer a Efe que se encuentra en los inicios de una investigación para esclarecer las denuncias realizadas por 18 conductores de Uber tras los sucesos ocurridos en la terminal de autobuses de Asunción.
Los medios reportaron el bloqueo de los vehículos de esa aplicación por parte de taxistas con paradas en esa terminal, en medio de altercados entre los conductores y de la alarma de los usuarios, además de otros incidentes aislados en zonas de recreación nocturna.
"Son 18 los conductores de Uber que denunciaron que fueron víctimas de retención ilegal. Esos hechos tienen su tiempo, de manera aislada, pero ahora llegó a una especie de explosión entre las partes", afirmó Romero.
Los taxistas paraguayos consideran desleal el funcionamiento de Uber, que comenzó a operar en Paraguay a partir de enero pasado, y de MUV, la plataforma local que funciona desde hace un año, con el argumento de que amenaza sus puestos de trabajo.
El fiscal dijo que espera datos de la Municipalidad de Asunción y de la Policía acerca de los propietarios de los taxis involucrados en el incidentes y que posteriormente determinará los posibles tipos penales: coacción, perturbación de la paz pública o peligro en el transporte terrestre.
"Los taxistas exigieron que (los coches de Uber) no ingresen a la terminal y otra situación que se ha dado es que los conductores de taxi querían verificar los vehículos, lo que podría configurar además usurpación de funciones públicas", agregó.
Los incidentes también llegaron este lunes al Congreso con la presencia de algunos de los conductores de Uber afectados para denunciar lo ocurrido y exigir garantías al diputado y exconcejal de Asunción Hugo Ramírez, del gobernante Partido Colorado.
Ramírez, quien también recibió a una delegación de la Asociación de Taxistas de Asunción, señaló a Efe que intervendrá para gestionar una mesa de diálogo entre las partes con objeto de "una coexistencia pacifica y que los hechos no vuelvan a ocurrir".
Por su parte, Ximena Duré, de la plataforma MUV, comentó que son frecuentes el acoso a conductores de su comunidad por parte de los taxistas en Asunción y ciudades vecinas y que tienen reportes de casos ocurridos en Ciudad del Este, segunda urbe de Paraguay, en la frontera con Brasil.
"Los taxistas habían planteado un amparo, argumentando que somos competencia desleal, que no estamos regulado. Sin embargo, una jueza falló a nuestro favor por un artículo constitucional que dicta que la falta de regulación de una actividad económica no la hace ilícita", detalló Duré.
MUV, que opera además en Encarnación, sur del país, en la frontera con Argentina, cuenta con licencia desde junio de 2018, después de un año de prueba, y en la actualidad cuenta con 2,000 conductores y entre 220,000 y 230,000 usuarios, según la plataforma.