Las compañías denunciadas son Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited, Noble Energy Inc. y Edison International SpA, informó la Cancillería en Buenos Aires.
La denuncia fue presentada por la Cancillería y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, ante la Procuración General de la Nación.
La acción judicial había sido anticipada por la Cancillería cuando citó al embajador británico, John Freeman, para exigirle explicaciones sobre las acciones de espionaje que habría realizado el Reino Unido a la Argentina, según documentos revelados por el ex espía de la CIA Edward Snowden.
Las empresas denunciadas integran un consorcio responsable de la contratación de la plataforma semisumergible Eirik Raude, que el pasado 6 de marzo inició una campaña exploratoria en la cuenca Malvinas Norte, a unos 200 kilómetros de las islas Malvinas, durante la que prevé perforar al menos seis pozos a lo largo de un período estimado de 240-260 días.
"La zona de exploración de hidrocarburos es tan argentina como el Obelisco. Pero Reino Unido se niega a dialogar", subrayó el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus.
"No podemos permitir que se lleven las riquezas del territorio argentino y que son recursos pertenecientes a los 40 millones de argentinos. Estas empresas van a tener que responder ante la justicia argentina", señaló el funcionario.
El 2 de marzo el gobierno argentino había comunicado a su par del Reino Unido su "formal y enérgica protesta por el inminente inicio de actividades de perforación en búsqueda de hidrocarburos al norte de las Islas Malvinas, en áreas de la plataforma continental argentina sometidas a la ocupación ilegítima británica", informó la Cancillería.
Días después presentó una nota a la empresa Ocean Rig, propietaria de la plataforma Eirik Raude, en la que instó a la empresa a abstenerse de realizar actividades no autorizadas de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. Le advirtió asimismo sobre las posibles consecuencias legales de su accionar.
La Secretaría de Energía argentina inhabilitó por plazos de 15 a 20 años a seis empresas británicas para realizar actividades en el país, por operar sin la autorización correspondiente en áreas próximas a las islas Malvinas.