Jorge Katín, portavoz de la filial de la compañía española y dueña de las distribuidoras Disnorte y Dissur, que distribuyen la energía eléctrica en Nicaragua, dijo a Efe que aún "no hay un acuerdo cerrado sobre la venta" de la participación de sus acciones.
"Hay un proceso de negociación con varias empresas, la mayoría españolas, de comprar parcial o totalmente el 84 por ciento de las acciones que poseen las distribuidoras Disnorte y Dissur", explicó.
Katín hizo esa explicación luego que Bayardo Arce, asesor para asuntos económicos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunciara hoy a los periodistas que la filial nicaragüense de Gas Natural Fenosa decidió "venderle todo el negocio a otra empresa" y que el gobierno de Managua habría actuado de "facilitador".
Los nuevos dueños, según Arce, deben "llevar el servicio de (energía de) más calidad a la población, tienen que trabajar en función de que los subsidios estatales se compensen en inversión para disminuir las pérdidas", sin precisar el nombre de la empresa.
El ministro nicaragüense de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, anunció el 19 de diciembre pasado que hay tres empresas interesadas en comprar las distribuidoras de energía en Nicaragua, actualmente en manos de la filial de Gas Natural Fenosa.
Katín sostuvo que las empresas interesadas en las acciones de las distribuidoras eléctricas son tres, incluida dos de capital español que han pedido se reserve sus nombres hasta alcanzar un acuerdo.
La filial de la compañía española es dueña de las distribuidoras eléctricas Disnorte y Dissur que distribuyen la energía eléctrica en Nicaragua desde 2000 y por un período de 30 años.
La eléctrica española cedió al Estado nicaragüense en mayo de 2008 el 16 por ciento de las acciones de su filial en Nicaragua como pago de una deuda por 11.5 millones de dólares (8.6 millones de euros), y un asiento en el consejo de administración de su filial en Managua.
Las distribuidoras Disnorte y Dissur poseen el 84 por ciento de las acciones y 16 por ciento el Estado de Nicaragua, según datos de la compañía.
El gobierno sandinista ha dicho que el 16 pro ciento de las acciones del Estado no son negociables.
El gobierno de Managua y la filial de la eléctrica española mantienen una disputa por el problema de la evasión en el pago del consumo de electricidad.
La filial nicaragüense de Gas Natural Fenosa demanda al gobierno sandinista una solución al problema de las pérdidas por fraude en el servicio, de hasta 50 millones de dólares (37.5 millones de euros) anuales que dejan de percibir en facturación, incluido la sustracción de energía.
El Estado nicaragüense ofrece un subsidio para amortiguar parte de las pérdidas por fraude, aunque pide más inversión a la filial de la compañía española, que incluya operar de manera apropiada, asuma costos, invierta más y dé buena atención a los clientes.