YPF anticipó que apelará la medida dictada por la jueza en lo contencioso administrativo federal María José Sarmiento, quien hizo lugar a una acción de amparo que había presentado el diputado radical y ex fiscal anticorrupción Manuel Garrido.
Las compañías no difundieron el acuerdo de exploración y explotación en Vaca Muerta, uno de los principales yacimientos de hidrocarburos no convencionales del mundo ubicado en la provincia de Neuquén, amparadas en el argumento de que al cotizar en Bolsa deben resguardar los intereses de sus accionistas.
La magistrada sin embargo le asignó carácter público a YPF, uno de los ejes de discusión sobre la obligación o no de dar información confidencial.
"El hecho de que se sustraiga a esta sociedad de la legislación o normativa administrativa, 'para no someterla a procedimientos rígidos o inadecuados', no puede entenderse como una inmunidad al conocimiento público. También deben someterse al mismo las empresas privadas que presten algún servicio público, cuando no tienen ninguna participación estatal y ni se les aplican las leyes o controles administrativos", subrayó Sarmiento.
Según la petrolera argentina, "la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que es la que tiene que resolver la apelación, ya ha rechazado un planteo idéntico".
En aquella oportunidad, informó la empresa, "la Cámara señaló: 'YPF debe recibir el tratamiento de una sociedad anónima, no encontrándose alcanzada por el régimen de acceso a la información pública'". "Estas decisiones reafirman que todo lo actuado por YPF se encuentra dentro de la legalidad", consideró la petrolera en un comunicado.