El pedido está en una carta abierta que forma parte de la campaña internacional online bautizada "Brad haz lo correcto", que busca recoger firmas y hacerlas llegar al renombrado actor.
Pitt adquirió los derechos sobre el libro "La ley de la jungla", escrito por el periodista estadounidense Paul Barret, quien plantea que los acusadores de Chevron sobornaron al juez y a peritos, para sentenciar a la transnacional por responsabilidades ambientales.
Los derechos sobre la historia fueron comprados por Plan B Entertaiment, productora de Pitt, que venció la oferta de Smokehouse de George Clooney.
"Brad, te invitamos a hacer lo correcto. Te invitamos a mantener los derechos de este libro - una ficción que tiene el potencial de hacer mucho daño a causa de las mentiras y la desinformación que propaga" se lee en la misiva.
"No produzcas una película con este libro, no permitas que otros tengan la oportunidad de hacerlo tampoco. Sabemos que vas hacer lo correcto y que te asegurarás de que estas mentiras jamás lleguen a la pantalla grande", solicita la carta.
En el pedido se señala que el actor visitó ya la Amazonía ecuatoriana en 2012 y que fue testigo de los daños causados por la petrolera. "Tú y Angelina (Jolie, su esposa) son reconocidos no sólo por su carrera como actores sino también por su compromiso con las causas humanitarias", recuerda.
"Brad, nuestro pueblo ha luchado con la mayor integridad durante más de 20 años para defender y proteger nuestros derechos, por lo que, después de una larga batalla, logramos que el tribunal internacional de La Haya fallara a favor de nuestro país, luego de que Chevron tratara de hacer que nosotros paguemos por su irresponsabilidad", afirma el documento.
Hace una semana, el presidente de Ecuador pidió ya a través de la red social Twitter que Brad Pitt visite Ecuador y constate los daños que dejó la compañía estadounidense.
La carta abierta a Brad Pitt se puede revisar en el conocido portal change.org y a través del sitio de la red Twitter, #BradDoTheCorrectThing.
La petrolera Texaco operó en el país entre 1964 y 1992. En 2001 se fusionó con Chevron, por lo que tuvo que afrontar el juicio de los pobladores amazónicos de Ecuador y fue sentenciada en 2012 a pagar 9,500 millones de dólares por su delito ambiental.
Chevron no asumió su responsabilidad e interpuso acciones en cortes internacionales, tratando de involucrar al Estado ecuatoriano como actor en el proceso.