El decreto, vigente desde julio de 2011, ha permitido controlar la introducción de unidades automotores procedentes de Estados Unidos, la mayor parte de ellas en malas condiciones.
Con ello se ha logrado atenuar el impacto negativo que propició la apertura indiscriminada autorizada por Vicente Fox en 2005.
Tan sólo en 2006 la importación de vehículos usados fue superior a un millón 570,000 unidades, casi 40 por ciento más que los vehículos nuevos vendidos en aquel año.
En contraste los vehículos importados usados en 2018, bajo el Decreto que hoy se prorroga, fueron poco más de 140,000.
El gremio que representa a los distribuidores de automotores refrendó su exhorto al presidente Andrés Manuel López Obrador para no ceder a la presión de gobernadores, como el de Baja California Francisco Vega de La Madrid, que solicitan la regularización de vehículos ilegales bajo pretexto de resolver un problema de seguridad pública.
Guillermo Rosales, vocero de la agrupación, señaló que la ruta de solución es la que ha sido marcada por el presidente López Obrador en su administración: nadie al margen de la ley, nadie por encima de la ley.
Un decreto de regularización de vehículos "chocolates" sería un premio a la corrupción de agrupaciones que promueven su circulación y lucran con la venta de protección, así como la de funcionarios públicos que no han cumplido con su responsabilidad.