El acuerdo fue alcanzado al cabo de cinco semanas de negociaciones para la revisión salarial y del Contrato Colectivo de Trabajo, "tomando en consideración el proyecto de rescate de la empresa de los mexicanos", señaló la petrolera en un comunicado.
"Con el objetivo de consolidar la política de máxima eficiencia administrativa y disciplina financiera, ambas partes llegaron a un acuerdo en el Contrato Colectivo de Trabajo, que refleja las justas demandas de los trabajadores", expuso.
Asimismo, añadió, "se acordó armonizar los gastos de la empresa hacia la dirigencia sindical con el marco de austeridad que distingue esta administración".
"Pemex y sus trabajadores, siempre en un ambiente de respeto de los derechos laborales, seguirán forjando una relación constructiva e institucional para fortalecer a la empresa, impulsando su eficiencia y competitividad", indicó.
De acuerdo con el boletín, el objetivo es consolidar a Pemex como "la palanca del desarrollo de la industria energética nacional en beneficio de todos los mexicanos, que permitirá afrontar los retos a futuro hasta alcanzar la soberanía energética".
Finalmente, la empresa aseguró que "reconoce el compromiso y esfuerzo de los trabajadores como protagonistas del rescate de la industria petrolera".
El Gobierno mexicano presentó el pasado 16 de julio el Plan de Negocios de Pemex, que mediante una reducción de hasta 11 por ciento de la carga fiscal de la empresa y una multimillonaria inversión busca reflotar a la petrolera, que desde hace años arrastra una ingente deuda y baja producción.
El STPRM, que cuenta con 93,586 afiliados en activo, está encabezado desde 1993 por Carlos Romero Deschamps, sobre quien planean numerosas acusaciones de corrupción y desvío de fondos.
El pasado 23 de julio, un juez federal concedió un amparo al líder sindical petrolero, quien ya no podrá ser arrestado por la Fiscalía mexicana siempre y cuando no se le impute un delito que amerite prisión preventiva.
Pero el amparo concedido esta martes, que Romero Deschamps solicitó el pasado 11 de julio, cancelaría cualquier orden de arresto en su contra siempre y cuando no se le impute un delito que amerite prisión preventiva.