El Departamento del Interior explicó que las regulaciones —que sólo aplican a tierras públicas y tribales y fueron resultado del análisis de 1.5 millones de comentarios públicos— mejorarán la seguridad y permitirán la protección del agua del subsuelo y el manejo de desechos.
“Las actuales regulaciones federales tienen más de 30 años y simplemente han quedado desfasadas con las complejidades técnicas de las operaciones de fractura hidráulica de la actualidad”, señaló la secretaria del Interior, Sally Jewell.
El “fracking” ha sido cuestionado por grupos ambientalistas debido a que el proceso incluye la inyección de químicos tóxicos que podrían contaminar el manto acuífero.
Las reglas obligan al sector privado a certificar que existen fuertes barreras de cemento entre la zona de explotación y los mantos de agua, así como a develar públicamente la mezcla de químicos y el establecimiento de más estrictos estándares de almacenamiento.
Oficialmente existen más de 100 mil pozos de extracción en tierras manejadas por el gobierno federal.
El Instituto Americano del Petróleo (API) criticó, sin embargo, las regulaciones al considerarlas onerosas y un obstáculo para el crecimiento de la industria.
“Una capa duplicada de nuevas regulaciones federales es innecesaria e instamos a la BLM (Oficina de Manejo de Tierras) a trabajar de cerca con los estados para minimizar los costos y las demoras creadas por la nueva regla”, señaló la API.